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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para impulsar nuevos proyectos piloto con comunidades, ayuntamientos y entidades del tercer sector para el despliegue de itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a un Real Decreto 378/2022 para impulsar el segundo paquete de proyectos piloto para el despliegue de itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital.
18 nuevos convenios con las comunidades autónomas
En concreto, esta norma permitirá al Ministerio la firma de 18 nuevos convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector, en los que participarán 130.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas en todo el territorio nacional.
En este contexto y mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, se aprueba el Ingreso Mínimo vital que marca un punto de inflexión en la definición de las políticas de Inclusión social en España.
Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar unas condiciones materiales mínimas que rompan el binomio tradicional entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que puedan desarrollarse con plenitud en la sociedad.
Un nuevo sistema de incentivos
El objetivo de inclusión condiciona el diseño de la prestación introduciendo un sistema de incentivos que facilita la inclusión de los beneficiarios de la prestación, evitando caer en las llamadas “trampas de pobreza” o, lo que es lo mismo, que la propia prestación pueda inhibir la inclusión de sus perceptores.
Para la implementación de esta prestación es clave la colaboración con comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el despliegue de itinerarios inclusivos, flexibles, adaptados a cada momento vital de la persona. Por su cercanía al ciudadano, estas entidades tienen un conocimiento más exhaustivo de la situación real de las personas en cada momento.
Su implicación en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en sus territorios de actuación complementa el ejercicio de autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión de una protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.
Petición para recoger propuestas de políticas públicas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría General de Objetivos, Política de Inclusión y Previsión Social (SGOPIPS) abre esta petición para recoger propuestas de políticas públicas encaminadas a diseñar un mercado laboral más dinámico e inclusivo.
El objetivo es la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del Ingreso Mínimo Vital, dirigido a la reducción de la desigualdad en la renta y de las tasas de pobreza. Se trata de facilitar el acceso a este ingreso y mejorar su efectividad con medidas de integración y evaluación, para evitar las «trampas de la pobreza», es decir, que la propia prestación pueda inhibir la inclusión de quienes la reciben.
Siete comunidades autónomas y nueve entidades del tercer sector
En concreto, los proyectos piloto se desarrollarán junto a siete comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana) por un importe conjunto de 42,5 millones de euros; dos ayuntamientos (Santander y Sevilla) por un importe de 6,5 millones; y nueve entidades del tercer sector (Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja, EAPN, EAPN Canarias, Fundación La Caixa, Ayuda en Acción, Fundación Bofill y Fundación Esplai) por un total de 53 millones de euros.
Los 18 proyectos se focalizarán en la reducción de las vulnerabilidades de los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras rentas sociales. Incidiendo en diversos aspectos como la educación, la digitalización, el empleo, el acompañamiento social o la salud. Los 18 convenios permitirán llegar a beneficiarios de todo el territorio nacional y cubrir todos los ámbitos de inclusión.
Los proyectos piloto se desarrollarán con la metodología de ensayos de control aleatorizado (RCT-randomized control trials, por sus siglas en inglés), muy habitual en las ciencias aplicadas (por ejemplo, suelen utilizarse para los ensayos clínicos, como las vacunas). Esta metodología innovadora permitirá evaluar los resultados de cada uno de los proyectos en la reducción de la vulnerabilidad de los beneficiarios para escalar aquellos que obtengan mejores resultados.
En el desarrollo y evaluación de estos proyectos piloto, el Ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-PAL y CEMFI.
Despliegue de 18 convenios
Para el despliegue de estos 18 convenios, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social lanzó el pasado 20 de diciembre una manifestación de interés a través de la que llegaron 149 propuestas de proyectos por importe de 748 millones de euros. Estas propuestas fueron analizadas desde múltiples criterios y las mejores han sido objeto de un proceso de rediseño y mejora con sus autores y con la colaboración de CEMFI y J-PAL, para conseguir los proyectos más relevantes y con las entidades más preparadas para ponerlos en práctica.
Los 18 convenios que se firmarán bajo este nuevo Real Decreto se suman a los 16 ya desplegados desde finales de 2021. En total, los 34 proyectos piloto permitirán llegar a casi uno de cada cuatro beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, abarcando todo el territorio nacional.
Actualmente, el Ingreso Mínimo Vital llega a casi 450.000 hogares en los que viven más de 1,1 millones de personas. La prestación está teniendo especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil ya que el 43% de los beneficiarios son menores. Además, 200.000 hogares están ya percibiendo el complemento de ayuda a la infancia puesto en marcha desde el pasado 1 de enero de 2022.
Número total de beneficiarios y proyectos por territorio
(suma de los dos decretos)
