Pronto hará un año desde que nos hemos vistos envueltos en una terrible crisis sanitaria y económica debido al coronavirus, el cual aún seguimos sufriendo. Esta crisis ha derivado en pérdidas de empleo y por ende, de ingresos para miles de familias.
Es por ello que el Gobierno ha tenido que adoptar múltiples medidas para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia. Siendo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ingreso mínimo vital (IMV), dos de las medidas estrellas propuestas.
En los ERTE, el trabajador pasa al desempleo durante el tiempo que se haya considerado que la actividad estará frenada. Manteniendo así su puesto de empleo y recibiendo una prestación por parte del SEPE.
En cuanto al IMV, se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la prestación por desempleo, por ejemplo. Por tanto, se garantiza que esta “red de seguridad” va a estar disponible para quien lo necesite.
En un principio parecen medidas adecuadas, que solventan la situación y protegen a las familias vulnerables. Sin embargo, el paso de los meses nos ha mostrado que los resultados no han sido los esperados. Ya que miles de familias se encuentran aún con niveles de ingresos por debajo de lo prometido.
La evolución de los ERTE
Actualmente, hay 704.000 trabajadores en ERTE. Una cifra que se ha estabilizado desde el máximo de finales de abril de 2020, cuando había 3.386.785 personas en esa situación.
En la última negociación de septiembre, el Gobierno y los agentes sociales ampliaron los beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021. Recientemente se ha acordado una tercera prorroga de los ERTE por lo que se prorrogarán hasta el 31 de mayo de 2021 (mes de fin del estado de alarma).
Durante el mes de enero se han reunido en tres ocasiones, cerrando el acuerdo el día 19. Para prorrogar las ayudas a empresas y trabajadores puestas en marcha para proteger el empleo mientras dure el estado de alarma.
Nuevo acuerdo
El acuerdo plantea extender los ERTE hasta el 31 de mayo manteniendo el mismo esquema de exoneraciones y protección, así como las cláusulas de salvaguarda de empleo durante seis meses, la prohibición de repartir dividendos y la de operar en paraísos fiscales.
También se amplía la cobertura a algunas actividades o CNAE y se incluyen cambios administrativos que supondrán la prorroga automática de los expedientes en curso, descargado de costes de gestión y burocráticos a las empresas.
Por otra parte incorporan una simplificación administrativa: las empresas no tendrán que volver a presentar una reclamación colectiva, simplemente deberán comunicar el hecho del ERTE.
Continuarán aplicándose la exención del periodo de carencia, el contador a cero, el aumento del 50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido 180 días de prestación. Los beneficios aplicables a las personas trabajadoras fijas discontinuas (incluyendo la prestación extraordinaria), la mejora de protección de las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial
Se puede vislumbrar que las características de los ERTE ya no se adaptan a la realidad laboral en la que nos encontramos, que definitivamente no es la misma que en el pasado marzo, cuando comenzó el primer estado de alarma.
Discrepancia desde la administración
Sin embargo, desde la administración parece ser que no lo ven así, ya que, según declaraciones durante su intervención en el foro Spain Investors Day del Ministro Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ha subrayado que, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, «estas medidas han logrado que la caída de la actividad no se transforme automáticamente en una aún mayor pérdida de empleo». Evitando este posible incremento masivo del desempleo.
De cara al futuro, el ministro ha indicado que «nuestro mayor reto es aprender de estas experiencias». Y utilizarlas para transformar nuestro mercado laboral, corrigiendo nuestras debilidades estructurales (precariedad, temporalidad…). Así, «esta exitosa experiencia del nuevo modelo de ERTE nos ha enseñado que hay formas eficientes de hacer de nuestro mercado laboral más flexible y más equitativo». Por ello, «debemos adaptar este modelo para convertirlo en un elemento estructural de nuestro mercado laboral».
Sin bien es cierto que las medidas de los ERTE han evitado despidos masivos y han proporcionado ingresos a las familias afectadas. También han supuesto quebraderos de cabeza, como los retrasos en los pagos, o las constantes renovaciones a corto plazo, y por consiguiente la incertidumbre que eso genera.
El caos del IMV
La llegada del IMV ha supuesto más complicaciones de las que ha solucionado en la mayoría de casos.
Ya hemos realizado varios análisis anteriormente, de los problemas en su evolución: grandes colapsos en la administración, dificultades a la hora de cumplimentar la solicitud y aportar documentación, meses de espera sin respuesta, resoluciones erróneas, denegaciones masivas, etc.
La realidad es que la ayuda solo ha llegado a 160.000 hogares de los 850.000 anunciados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, constituyendo el principal agujero del escudo de protección social desplegado contra la pandemia.
Su defectuoso diseño está incluso fomentando la desprotección y, ocurre que algunas comunidades autónomas lo están aprovechando para retirar, o paralizar la renta mínima de inserción a los beneficiarios que no solicitan el IMV.
El ministro Escrivá anunció que en este mes de enero tendría lugar una profunda evaluación del IMV. Para así corregir y paliar sus debilidades, y tratar de que su efectividad sea mayor y más inmediata.
Lo cierto es que estamos casi a finales de mes y aún no hemos tenido noticias de dicha evaluación. Ni de nuevas medidas para mejorar la gestión de la ayuda.
Declaraciones de Escrivá
Mientras tanto, el ministro declaró esta semana en el foro Spain Investors Day, que el Ingreso Mínimo Vital «al contribuir a crear una sociedad más cohesionada e inclusiva, tiene un papel muy relevante en hacer de España un país más atractivo para invertir».
En este sentido, ha señalado que «el principal objetivo del ministerio es generar cohesión y certidumbre para los agentes económicos y para la sociedad española».
En materia de inclusión, Escrivá ha subrayado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en el Parlamento sin votos en contra. Esta prestación, que ha definido como «política innovadora que puede activar y mejorar las opciones de inserción y capacitación laboral de una parte importante de los trabajadores españoles y dinamizar la economía española», beneficia actualmente a casi medio millón de personas.
Podemos ver claramente que las declaraciones del ministro están fuera de la realidad. Con mas que trata de remarcar aspectos positivos que poco o nada benefician a las miles de familias que están a la espera de una resolución que lleva 7 meses de retraso.
Consecuencias de una gestión deficiente
Si antes de la pandemia nos encontrábamos con unas cifras bastante significativas en cuanto a los bajos ingresos de miles de familias, así como de los altos niveles de pobreza infantil, esta crisis no ha hecho más que agravar la situación de esas personas. Añadiendo a las cifras a más familias que antes no se encontraban en umbrales bajos de poder adquisitivo.
Según un estudio de Save The Children que lleva por título “El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables”, hecho a partir de 2.507 encuestas en toda España realizadas por GAD3. Revela que un 32% de las familias con hijos a cargo soportarán dificultades para comprar ropa de abrigo este invierno.
Todas estas proporciones aumentan en los hogares con menores en situación de pobreza severa.
El informe también revela que 170.000 hogares en España han visto suspendido el suministro de agua, luz o gas durante la pandemia. Estos datos chocan con la promesa por parte del Gobierno de garantizar los suministros básicos durante el estado de alarma, además de vulnerar los derechos básicos de las familias de contar con electricidad y agua corriente, y más aún, habiendo menores en la casa.
Asimismo, subraya que el 85% de los hogares con menores e ingresos por debajo de 900 euros han visto caer su nivel de ingresos. Frente al 35% de los hogares sin hijos, y un 57% se han visto damnificados por la pérdida de empleo.
Alusión al IMV
De los datos se concluye que dos de cada tres hogares entrevistados que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital no están recibiendo la ayuda. Motivo por el cual, Save The Children pide “acelerar el despliegue”, mejorando la coordinación a todos los niveles administrativos. Además, propone cambiar el umbral, que ahora mismo está dirigido a una pobreza “muy grave”. E igualarlo al de pobreza severa, para que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más familias en situación de vulnerabilidad.
Ello supondría un coste de 320 millones de euros, según cálculos de la ONG. “Es alcanzable y necesario porque se está dejando a muchos hogares con hijos fuera de esta ayuda. Ahora, no permite el acceso a colectivos de gran vulnerabilidad como familias en situación administrativa irregular que tienen hijos cargo, solicitantes de asilo o jóvenes extutelados”
Salud y pandemia
Por último, y no por ello menos importante cabe destacar que, el impacto de la covid-19 también se refleja en la salud. Ya que el 74% de hogares con niños en situación de pobreza severa, aseguran que su salud emocional ha empeorado y el 59% indican que también ha empeorado su estado de salud física.
Las citas con, psiquiatras y psicólogos han aumentado considerablemente. Y la lista de espera para el servicio a través de la seguridad social, si antes era larga, ahora es interminable.
Por ello es de vital importancia que se invierta en la prevención y el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Que tantas personas están sufriendo en los últimos meses a causa de esta terrible pandemia en la que vivimos.