Adiós a las llamadas spam de una vez por todas: así es como el Gobierno quiere acabar con ellas con la nueva ley

Las llamadas spam, una de las cosas más incómodas y molestas a las que muchos de nosotros nos tenemos que enfrentar a diario, sobre todo en momentos en los que las estafas telefónicas son noticia y ya no sabes si te quieren vender algo legítimo o simplemente te quieren timar. Debido a lo constantes que se han vuelto, mucha gente está apuntada a la Lista Robinson o ha tomado medidas legales contra esas compañías que las emplean como métodos de venta fría, ya que nos interrumpen el día sin previo aviso, incluso en horas de trabajo.

Pero parece que esto no ha sido suficiente, haciendo que el Gobierno se haya visto obligado a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo una serie de leyes que obligarán a las compañías a hacer algunos cambios, siendo el último de ellos la obligación de que cualquier número que se emplee para esta actividad va a tener que llevar un prefijo que lo identifique desde el principio como una llamada con fines publicitarios.

Esta nueva normativa forma parte del proyecto de Ley de Atención al Cliente, que se encuentra en su última fase de tramitación. El objetivo es proteger al consumidor frente a prácticas comerciales abusivas, aumentando la transparencia y facilitando el derecho a no ser molestado, algo que incluye ponerle fin de forma definitiva a las llamadas spam.

Llamadas spam: el prefijo que lo cambiará todo

El hecho de que este prefijo se haya creado significa que cualquier llamada con fines comerciales tendrá que llevar un número identificable de antemano, lo que permitirá al usuario saber, antes incluso de descolgar, si quiere atender o no dicha llamada. Así se pone fin a los números ocultos, enmascarados o imposibles de rastrear que han estado campando a sus anchas en los últimos años.

Además, la ley obligará a las operadoras a bloquear de forma automática aquellas llamadas spam que no cumplan esta obligación del prefijo, de tal modo que no dependerá solo del consumidor protegerse, sino que serán las propias compañías telefónicas las que frenen estas prácticas si detectan un número que no respeta las normas.

Pero es que aún hay más, ya que si tras una llamada spam una persona acaba firmando un contrato sin haber dado antes su consentimiento expreso, este será considerado nulo, algo que se suma a la obligación de que las empresas tendrán que renovar ese consentimiento cada dos años.

También habrá cambios en las suscripciones, reseñas y atención al cliente

Pero es que con esta ley no solo las llamadas spam van a cambiar, ya que las plataformas como Netflix o Spotify estarán obligadas a avisar con al menos 15 días de antelación antes de renovar automáticamente cualquier suscripción, de tal forma que si no quieres renovar tengas tiempo suficiente para hacer esta gestión.

También se regularán las reseñas online, de tal modo que las opiniones que se publiquen sobre productos o servicios deberán realizarse solo después de 30 días desde la compra o uso, evitando así las valoraciones falsas que distorsionan la experiencia real de los usuarios.

En cuanto a la atención al cliente, las llamadas spam ya no serán el único punto de mejora, ya que a partir de la entrada en vigor de esta ley, las empresas deberán garantizar que sus líneas de atención resuelvan consultas en menos de tres minutos, además de contar con personal humano y no solo sistemas automatizados. Y si presentas una queja, el plazo máximo de respuesta será de 15 días.

Multas, servicios esenciales y empresas afectadas

Las empresas que se salten estas nuevas normas, tanto en lo que respecta a las llamadas spam como al resto de medidas, podrán enfrentarse a multas de entre 150 y 100.000 euros, algo que se aplicará a lo que se denomina como empresas de “gran tamaño”, es decir, aquellas que cuenten con 250 trabajadores o más o que tengan una facturación anual de más de 50 millones de euros. A pesar de esto último, sean cuales sean las características de las empresas de servicios básicos, estás sí deberán cumplir todo lo anteriormente mencionado y sin excepción, entre las que se encuentran las compañías de agua, luz o internet.