El dueño de un piso de Irún, Guipúzcoa, ha recibido una importante sanción, relacionada con el padrón, de 60.000 euros, por haber tenido inscritos en su domicilio a más de 90 personas en los últimos dos años. De acuerdo con la información dada por la subdelegación del Gobierno en la provincia, el acusado cobraba cantidades que estaban entre los 100 y los 900 euros a cada una de las personas, que en su mayoría eran extranjeros. Les ofrecía un empadronamiento fraudulento que a él, ahora, le ha salido muy caro.
Se encendieron las alarmas
La Brigada Local de Extranjería y Frontera de la Policía Nacional se dio cuenta de inusual volumen de altas y bajas que se deban en un mismo domicilio de la ciudad de Irún, por lo que se encendieron todas las alarmas. Tras las primeras pesquisas, se constató que el inquilino ofertaba el empadronamiento a personas cuya residencia real estaba en otro lugar. Pero el ofrecimiento tenía un coste, entre los 100 y los 900 euros, dependiendo de la urgencia o situación personal del solicitante.
El objetivo de estos empadronamientos ilegales era, en la gran mayoría de los casos, acceder a trámites administrativos o regularizar de forma rápida la residencia de ciudadanos extranjeros. Desde la Administración se avisa, además de dar ejemplo con este castigo, que este tipo de acciones pueden acarrear sanciones graves y no sólo para la persona que facilita el empadronamiento falso, también para aquellas que lo obtienen con engaños.
La cuantía de la sanción y otras consecuencias legales
El caso sucedido en el País Vasco ha acabado una sanción considerada como muy grave, según recoge la Ley de Extranjería. La misma contempla multas económicas elevadas cuando se detectan fraudes relacionados con la regularización de extranjeros. Los 60.000 euros impuestos al inquilino de Irún implican una de las penalizaciones más altas registradas en la zona. De hecho, la investigación apunta a que el beneficiario habría ingresado miles de euros mediante esta actividad.
En situaciones similares, la Administración pretende denegar o suspender el acceso a ciertas prestaciones públicas, entre las que se incluyen ayudas estatales o autonómicas del SEPE, incluso pueden derivar en responsabilidades penales si se detecta falsedad documental.
Otros casos similares sobre el padrón y cómo prevenir futuras sanciones
No es este el único caso de empadronamiento masivo que se ha detectado en la provincia, ya que el pasado mes de enero la Policía Nacional descubrió otra trama en la localidad de Eibar en la que 49 personas vivían hacinadas a cambio de cuotas de alquiler muy altas. En aquella ocasión, el imputado también recibió cargos por explotar laboralmente a algunos inquilinos.
No estamos sólo ante un riesgo económico para los afectados, también nos encontramos ante un peligro real de caer en redes de explotación. Así, la Policía y las administraciones públicas están en constante alerta y con operativos de control activos para prevenir estos delitos.
Para no caer en posibles sanciones, es importante recodar los requisito básicos de empadronamiento y no recurrir a intermediarios más que sospechosos. En caso de dudas, como siempre, lo mejor es consultar a organismos oficiales como pueden ser ayuntamientos u oficinas de la Seguridad Social, en las que se puede recibir asesoramiento gratuito y fiable.
Lo mejor, siempre, es cumplir con la normativa para evitar consecuencias mayores tanto a nivel económico como penal. Un empadronamiento realizado de la forma adecuada resulta imprescindible para acceder a numerosos servicios públicos, pero requiere hacerse de una forma legal y transparente. Quienes quieran regularizar su situación deben hacerlo cumpliendo con la normativa para no arriesgarse a perder derechos o enfrentarse a cuantiosas multas.