Si un okupa consigue empadronarse en tu vivienda, podrías enfrentarte a un proceso de desalojo mucho más largo y complicado de lo habitual porque, aunque empadronarse no otorga derechos legales sobre la propiedad, sí puede ralentizar el proceso judicial y generar confusión en los procedimientos de desalojo; tal y como explica el abogado Xavi Abat, el cual dice que, aunque el empadronamiento no convierte al okupa en inquilino, puede suponer un obstáculo administrativo para los propietarios que desean recuperar su casa.
El riesgo más importante lo encontramos en que el empadronamiento puede ser utilizado como un argumento por el okupa para justificar que se encuentre en esa casa “viviendo”, ya que argumentaría el arraigo en el domicilio e, incluso, el acceso a servicios sociales. Pero debemos tener en cuenta que, este registro, aunque preocupante, no implica que se tenga derecho a permanecer en la vivienda, y mucho menos a apropiarse de ella, ya que la legislación penal de nuestro país sigue considerando esta situación como un delito de usurpación.
El empadronamiento no protege al okupa ante la ley
En palabras del propio Xavi Abat, el que ya es conocido en las redes sociales como “el abogado de TikTok”, que el okupa tenga el suministro de luz o agua a su nombre, o que este esté empadronado en la vivienda, no le convierte en titular de ningún derecho sobre dicha casa, ya que la propiedad sigue perteneciendo al dueño legal, incluso si el okupa presenta un testamento o alegaciones similares.
Este tipo de estrategias por parte de los okupas, aunque frecuentes, no eliminan el delito y, aunque el empadronamiento puede utilizarse como excusa para alargar el proceso judicial, en ningún caso lo protege en esta situación. A pesar de lo que se piensa, la Seguridad Social, los ayuntamientos o los servicios básicos no exigen acreditar la propiedad para formalizar un empadronamiento, algo que crea un vacío que los okupas aprovechan.
Cambios legales para acelerar el desalojo de un okupa
A finales de 2024, se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en las cual se trata este tipo de situaciones y pretende acabar con ellas, de tal modo que los casos de okupación pasan a tramitarse como juicios rápidos, con un plazo máximo de 15 días, siempre que se trate de allanamiento de morada o usurpación de vivienda para que la persona que comete el delito no tenga tiempo de hacer este tipo de gestiones que, como ya hemos dicho, lo único que hace es alargar un proceso que puede ser psicológicamente muy duro para los propietarios y que cuesta mucho dinero de las arcas públicas.
Este cambio supone una mejora frente a los más de 23 meses que podía tardar un desalojo por la vía civil, según el Consejo General del Poder Judicial, de tal modo que, a partir de ahora, si un propietario demuestra su titularidad, podrá iniciar un procedimiento penal mucho más ágil y eficaz para recuperar su casa, incluso si el okupa está empadronado.
El aumento de casos de okupas y sus consecuencias
En 2023 se registraron más de 15.000 casos de usurpación y allanamiento de morada en España, con Barcelona y Madrid a la cabeza; y, a pesar de las reformas legislativas, los okupas siguen utilizando este tipo de tácticas como el empadronamiento para hacer mucho más difíciles los desalojos.
Lo que queda claro es que, aunque la ley esté cambiando para favorecer a los propietarios, el riesgo de tener un okupa en casa sigue siendo real, especialmente si este logra empadronarse, motivos por los cuales siempre es importante actuar con rapidez desde el minuto uno en el que nos encontramos con esta situación, contactar con un abogado especializado y recopilar toda la documentación posible que acredite la titularidad de la vivienda.