Días de conferencias y foros en Bruselas para poner de manifiesto las necesidades de las personas discapacitadas y de mayores en áreas como comercio electrónico, acceso a contenidos audiovisuales, servicios bancarios, telefónicos, de transporte y sitios webs, así como aplicaciones. Todas ellas se tendrán que adaptar a las personas que forman parte de los colectivos mencionados con anterioridad por la entrada en vigor de la ley europea de accesibilidad para que todas las personas, sea cual sea su condición, tengan las mismas posibilidades de acceso. El objetivo, mejorar la accesibilidad y unificar los criterios en todo el espacio común para los cinco millones de personas con discapacidad sensorial o intelectual y los 10 millones de mayores de 65 años.
Aunque España es uno de los países mejor posicionados en la Unión Europea en lo que se refiere a esta tema, “nos falta mucho por recorrer”, asegura Jesús Hernández Galán, director de AccesibleEU. Añade que “faltan muchas compañías que tienen que cumplir la accesibilidad y sobre todo lo que hace falta es conocimiento técnico por parte de los diseñadores que trabajan en esas empresas para que realmente tengan en cuenta las necesidades de estas personas”.
El contacto con el 112 debe centrarse en la accesibilidad
Los sectores en los que más va a impactar la norma son aquellos que están relacionados con los servicios y comunicación. Las emergencias, 112, están en el punto de mira de esta normativa porque “deben de ser accesibles de forma multimodal y que cada persona acceda como mejor pueda comprender y transmitir la información”.
También el sector bancario tendrá que dar un paso hacia adelante, pues todavía tiene mucho camino por recorrer para estar a la altura de las necesidades actuales de este colectivo. Ocurre lo mismo con muchas plataformas de comercio electrónico y otras de servicios de información del transporte.
La norma, que deja fuera por el momento a las PYMES, está ya en vigor en todo Europa, pero por el momento los países no han establecido todavía ni servicios de vigilancia ni sanciones. En España sí hay un alto nivel de conciencia y se quiere transmitir esto a otros puntos del viejo continente, para crear una realidad mejor para un nutrido grupo de personas que por ahora no tienen las mejores condiciones en este ámbito.
Además de derechos, más seguridad
Desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) “a la hora de que una persona con discapacidad visual utilice una tarjeta en un comercio, quiera pagar con su tarjeta, y se le presenta una TPV, sólo son teclas con pantalla”. Por este motivo, “una persona con discapacidad visual no puede introducir el código PIN. ¿Qué hacemos? ¿Le tengo que decir el PIN a la persona que está cobrando o a una persona que acompaña?”. Para la ONCE, en cualquiera de los dos casos, “se está vulnerando su derecho de confidencialidad, de autonomía y de seguridad. Esto no es un problema de accesibilidad. En algunos casos es un problema de seguridad”.
Desde la ONCE aplauden la normativa europea, más que nada por su poder coercitivo, por poner la mirada sobre las necesidades de las personas con discapacidad y mayores. Ahora está expectantes para comprobar cómo se va a desarrollar la norma y confían en que su puesta en marcha no se alargue en plazos o bordee la legalidad porque “si una entidad o una empresa realmente es consciente del problema y en lugar de ir a lo mínimo quiere mejorarlo, esto enriquece tanto la imagen de marca como la experiencia que van a tener sus clientes. Porque las personas con discapacidad al final somos clientes también de usuarios de esos productos y servicios”.