Desde hace unos años hasta ahora, las llamadas comerciales no deseadas se han convertido en una de las principales molestias para los consumidores españoles. El primer intento de luchar contra ellas fue la actualización de la Ley General de Telecomunicaciones, pero es ahora, mediado 2025, cuando el Gobierno español ha puesto su primera multa por spam telefónico, marcando de esta manera un hito ante estas prácticas intrusivas. Todo gracias a la denuncia presentada por un ciudadano ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que impuso un castigo de 5.000 euros a la empresa que realizó la llamada.
La normativa al respecto
La Ley General de Telecomunicaciones, actualizada en el año 2022 y en vigor desde el 29 de junio de 2023, establece una norma clara: ninguna empresa puede realizar llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo. Sólo se permiten excepciones si el usuario a autorizado, de forma explícita, estas comunicaciones o si ha sido cliente de la empresa en el último año.
Esta reforma tiene como objetivo poner fin a una práctica invasiva que afectaba a la privacidad de millones de personas. Desde la entrada en vigor de la ley, las empresas que infringieran esa normativa se exponían a sanciones económicas severas que pueden llegar a los dos millones de euros, dependiendo del tamaño y volumen de negocio del infractor.
El honor de ser la primera en recibir multa: Adverbis Spain S.L.
El precedente lo ha marcado Adverbis Spain S.L., una agencia dedicada al marketing digital. El 14 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva normativa, realizó una llamada comercial no autorizada a un particular, que además estaba inscrito en la Lista Robinson, un registro gratuito que permite a los usuarios excluirse de campañas publicitarias.
La persona afectada denunció lo ocurrido ante la AEPD, que finalmente terminó imponiendo una sanción de 5.000 euros a Adverbis Spain S.L. Aunque se pueda considerar baja la cantidad, esta cuantía se impuso porque se trataba de una empresa de pequeño tamaño. En otras circunstancias, la multa hubiese sido mucho mayor.
¿Cómo denunciar el spam teléfónico?
La AEPD tiene habilitado un formulario web específico para que cualquier ciudadano pueda denunciar las llamadas no deseadas. Está disponible en su sede electrónica y permite presentar reclamaciones de forma rápida y gratuita. Además, si la empresa infractora está adherida al Código de Conducta de Autocontrol, el ciudadano puede optar por resolver la disputa a través de esta entidad en un plazo inferior a 30 días.
Un problema de seguridad, más que comercial
Se logró una avance lega, pero la mayoría de las llamadas spam en este 2025 ya no proceden de empresas legítimas, sí de los ciberdelincuentes. Estas llamadas pueden tener objetivos más peligrosos: estafas, suplantación de identidad o grabación de voz para usos fraudulentos. Algunas incluso se limitan a buscar que la víctima diga Sí para simular una autorización.
Ante la evolución del problema, desde el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se han adoptado hace poco tres medidas clave para reforzar la protección ante este tipo de llamadas:
- Bloqueo de llamadas internacionales fraudulentas que simulan números locales.
- Implantación de prefijos especiales que identifiquen claramente las llamadas comerciales.
- Nulidad legal de contratos o ventas realizadas mediante llamadas sin consentimiento.
Estas acciones buscan cortar de raíz tanto el acoso publicitario como las amenazas a la seguridad de los ciudadanos.
¿Cómo actuar por parte del ciudadano?
Para evitar el spam telefónico los consumidores disponen de varias herramientas:
- Inscribirse en la Lista Robinson o en otras alternativas.
- Denunciar a través de la AEPD cualquier infracción.
- No responder a llamadas sospechosas y evitar facilitar información personal por teléfono.