Si había algún tipo de duda sobre la legalidad o no de los despidos sin justificación en España, la misma la ha resuelto el Tribunal Supremo. La justicia ratificó en una sentencia reciente que una empresa puede prescindir de un trabajador sin necesidad de justificar el motivo, siempre y cuando la compañía asuma el coste de la indemnización correspondiente. Esta es una decisión que para muchos abre la puerta a una futura ola de despidos y que afecta sobre todo a aquellos que cuenta con contratos indefinidos ordinarios.
La decisión del Supremo evidencia que la parte empleadora no está obligada a explicar los motivos del cese y esto reabre el debate sobre los límites de la protección laboral en un mercado que es cada vez más flexible. Tras esta interpretación ha aumentado la preocupación entre los sindicatos y juristas, que advierten de una posible desnaturalización del derecho al trabajo y a todas las consecuencias.
Un antes y un después
La sentencia está basada en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores, que permite la extinción del contrato “por voluntad del empresario” siempre y cuando abone la indemnización mínima legal de 33 días por año trabajado. Con este fallo, el Tribunal Supremo crea un precedente que puede considerarse como un antes y un después en la seguridad jurídica de millones de trabajadores.
Con esta decisión muchos expertos consideran que se modifica el equilibrio tradicional que protegía a los trabajadores, mostrando una flexibilización en las condiciones laborales.
Esta resolución del máximo órgano judicial avala un escenario en el que la seguridad en el empleo quedará subordinada a una compensación económica limitada, algo que muchos califican como un cambio profundo en la interpretación de los derechos laborales y que pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. Es decir, este fallo impacta de forma directa en la estabilidad del mercado laboral de nuestro país, generando todavía más incertidumbre entre los empleados.
En el otro lado están las empresas, que se pueden sentir respaldadas para tomar decisiones de despido con mayor facilidad, lo que podría aumentar la rotación y la precariedad laboral.
El trámite por el que puedes ser despedido
El pago de la indemnización mínima que establece la ley, según la sentencia del Supremo, se presenta como la única garantía para los trabajadores despedidos sin causa justificada. Es considerado como una trámite formal más que como una verdadera compensación económica.
Para gran parte de los trabajadores que sufran un despido en estas condiciones, la compensación que reciban resultará insuficiente para cubrir el impacto de perder el empleo, sobre todo en un contexto económico complejo y con elevados índices de desempleo e inflación como el que vive España en estos momentos. Además, la indemnización mínima puede ser un incentivo importante para que algunas empresas opten por el despido arbitrario a la hora de ajustar sus plantillas.
Las reacciones sobre las consecuencias
La sentencia del Supremo ha generando una reacción inmediata entre sindicatos, abogados laboralistas y asociaciones empresariales, que ven vulnerados totalmente el derecho de los trabajadores de disfrutar de cierta estabilidad laboral. Pero, mientras en diversos sectores se advierte de que esta decisión puede agravar la precariedad y la inseguridad laboral, otros lo ven como una herramienta necesaria que puede fomentar la competitividad y la flexibilidad en el mercado de trabajo.
Esta polarización refleja la complejidad de un problema que afecta a múltiples actores y requiere de un diálogo abierto para buscar soluciones equilibradas. Ahora los trabajadores están ante un escenario bastante complejo, donde pueden perder el empleo con mayor facilidad y con una compensación económica limitada.