Es uno de los temas que siempre está en primera plana, sobre todo en los últimos años. Hablamos de la vivienda, que es uno de los problemas que trae de cabeza tanto a los particulares como a las instituciones públicas, que buscan medidas para conseguir que el acceso a un derecho fundamental como una cosa sea lo más accesible a todo el conjunto de la sociedad.
La última medida, la orden del gobierno de Pedro Sánchez, que ha ordenado transferir nada más y nada menos que 40.000 inmuebles de la Sareb y más de 2.400 suelos urbanizables a SEPES para levantar un parque estatal de alquiler asequible. Esto es importante porque supone retirar de la venta libre el principal stock barato que todavía quedaba, con un precio medio de 100.000 euros por piso, y se redibuja de arriba abajo el mapa inmobiliario.
La decisión de poner estos pisos del Sareb en alquiler
La medida adoptada por el Ejecutivo de Sánchez supone un antes y un después. La nueva promotora pública gestionará los inmuebles y los terrenos, con capacidad para construir hasta 55.000 unidades adicionales en varias fases durante los primeros meses. El objetivo oficial es claro: reforzar la oferta en alquiler social y contener la escalada de precios que asfixia a los hogares con rentas más modestas.
Con esta medida, al desaparecer la oferta privada de miles de pisos con precios contenidos, algunos analistas temen un impacto inflacionario en las zonas en las que la Sareb vendía más. Al mismo tiempo, la demanda podría desviarse hacia un alquiler que ya se encuentra tensionado.
Las comunidades autónomas que más afectadas y los cambios
Las consecuencias no serán las mismas a lo largo de la geografía española. Así, las comunidades más afectadas serían las de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la valenciana, que son en las que se concentran gran parte de las operaciones cerradas por la Sareb en estos años. En todas ellas, la oferta de pisos asequibles actuaba con tapón a las subidas. Al pasar a manos públicas, ese contrapeso desaparece. Por tanto, ayuntamientos y gobiernos regionales deberán coordinarse con SEPES para evitar un nuevo salto en los precios.
Los cambios que se producirán y posibles consecuencias:
- Viviendas actuales, sobre 40.000, que saldrán del mercado de compraventa privado.
- Suelos urbanizables, unos 2.500, que deben permitir la construcción de 55 nuevas viviendas de alquiler.
- Ingresos que pierde la Sareb: 5.900 millones, un 58% de su facturación prevista.
- Venta de Árqura paralizada: 800 millones, lo que agrava la falta de liquidez.
La Sareb, ya lastada por pérdidas millonarias, pierde su principal vía de negocio, ya que la venta de viviendas genera un 58% de su facturación. El recorte de 5.900 millones de euros complica su plan de liquidación antes de 2027 y pone en pausa la venta de su promotora Árqura, que iba a inyectar otros 800 millones. Por tanto, el Estado asume de forma implícita el mayor coste financiero.
Un traspaso progresivo
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó que el traspaso se realizará de forma progresiva. Primero se formalizará la titularidad y luego se acondicionarán los inmuebles. Finalmente se adjudicarán a través de convocatorias públicas. El proceso, según fuentes del ministerio, arrancará en las próximas semanas y se alargará varios meses.
En cuanto a aquellas familias que podrán optar a ellas será las de ingresos medios o bajo que cumplan los requisitos fijados por sus respectivas comunidades, en este caso: Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la comunidad valenciana.