En España tenemos un grave problema con los pisos turísticos ilegales, un fenómeno que se ha hecho notar en cientos de ciudades a lo largo de nuestro país y que es muy relevante y afecta sobre todo a las zonas más turísticas junto a quienes residen en ellas. Es por ello que, a fin de frenar un poco más el avance de este tipo de viviendas, se han llevado diversas medidas, a las que podría sumárseles una nueva, ya que se ha admitido a trámite la propuesta de EH Bildu junto con el apoyo de otros grupos parlamentarios de que plataformas digitales como Airbnb o Booking ya no queden impunes al publicar anuncios sin comprobar la legalidad de los alojamientos.
Con este cambio, las multas y la vigilancia a los pisos turísticos ilegales se endurecerían, y ya no solo los propietarios se verían afectados, sino que ahora se pretende ir a por los intermediarios que permitían dar visibilidad y acceder a este tipo de viviendas, con sanciones que pueden llegar al minó de euros.
Y es que los pisos turísticos ilegales dejan de ser un problema “suelto” para pasar a ser una responsabilidad compartida entre administraciones y plataformas. Así, los usuarios también tienen que extremar precauciones, pues la ley obligará a verificar la licencia o el registro del alojamiento antes de formalizar cualquier reserva, un cambio muy importante en la forma en que se gestionan las viviendas turísticas en España, que hasta ahora dependían en gran medida de la autorregulación de los portales digitales.
Cómo funcionará la ley frente a los pisos turísticos ilegales
El texto legal aprobado establece que las plataformas deberán impedir la publicación de pisos turísticos ilegales, de tal forma que ahora tendrán que comprobar que cada inmueble dispone de un número de licencia válido, un permiso de habitabilidad y, en su caso, los registros municipales o autonómicos exigidos. Además, cualquier anuncio que se mantenga activo sin cumplir estos requisitos será susceptible de sanción.
Las multas previstas son escalonadas y van desde 10.000 hasta 1.000.000 de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por ejemplo, el caso más severo contempla permitir la contratación de un alojamiento sin licencia o sin vincularlo a los datos personales del propietario. Con este marco, los pisos turísticos ilegales dejan de ser un vacío legal y pasan a estar bajo un control directo y fiscalizado.
Expertos en urbanismo y vivienda subrayan que la norma pretende evitar la práctica habitual de que los anuncios irregulares solo se retiren tras procesos judiciales complejos o mediante solicitudes voluntarias a los portales, ya que ahora serán las propias plataformas las que tendrán la obligación legal de verificar cada inmueble, eliminando la posibilidad de que los pisos turísticos ilegales circulen impunemente.
El impacto para usuarios y propietarios
Por el lado de los usuarios, con esta ley se refuerza la seguridad que tendrán en un futuro a la hora de reservar un alojamiento, ya que hasta ahora y en ciertas ocasiones, podíamos llegar a dudar de la legitimidad del mismo, por lo que cualquier problema que tengamos durante nuestra estancia o antes contará con un respaldo legal mucho más sólido. Si nos fijamos en los propietarios, esto solo significa que deben cumplir con los requisitos de registro y licencia y que deben ajustar la documentación de la vivienda que poseen y que dedican a este fin.
Esta normativa también hace que la transparencia y la trazabilidad de este tipo de propiedades se haga mucho más fácil y efectiva, ya que gracias a los registros y a la Ventanilla Única digital de Arrendamientos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado podrán supervisar con mayor eficacia la actividad turística, reduciendo de esta forma la oferta de pisos turísticos ilegales que, por desgracia, muchas veces afectan a la convivencia con los vecinos y hacen que los precios de la vivienda en esas zonas suban muchísimo.