Desde la Unión Europea (UE), mediante el Consejo de Europa y del Comité Europeo de Derechos Sociales, se considera que en nuestro país despedir a un trabajador sale demasiado barato y pide por ello reformar el sistema de indemnizaciones por despido. El objetivo es que España se adapte al artículo 24 de la Carta Social Europea e introduzca el despido restaurativo, una figura que podría generar diferencias de protección entre trabajadores según el territorio y por las circunstancias personales. Es decir, dos empleados en una situación de despido idéntica podrían recibir indemnizaciones diferentes en función de diferentes situaciones.
Exigencia de cambios legales a España
Hace aproximadamente un mes el Comité Europeo de Derechos Sociales creó un marco común en la Unión Europea para unificar criterios en materia laboral, incluyendo el coste de las indemnizaciones por despido y la forma de determinarlas. En ese análisis se toma como referencia la reforma laboral de 2012, que redujo la cuantía general por despido improcedente.
Tras esta reforma, la indemnización general pasó de 45 a 33 días por año trabajado. Además, los datos que recopila trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial apuntan a que, cuando un trabajador impugna su despido ante la justicia, la indemnización media que obtiene es un 36% inferior a la que se percibía antes de la reforma. Con estos números sobre la mesa, la conclusión de que ese despido se ha abaratado en España no parece precisamente exagerada.
En este panorama, desde el Consejo de Europa se ha pedido al Gobierno nacional que revise su normativa sobre el despido improcedente y el Ejecutivo está por la labor, algo que ya se acordó en el acuerdo de investidura entre SUMAR y PSOE.
El nuevo despido reparativo y las indemnizaciones
En la Reforma Laboral de 2022 no se cambiaron las tablas sobre las que se calculan las indemnizaciones, pero el Gobierno deberá introducir ahora el concepto de despido reparativo, que se trata de vincular la cuantía de la indemnización a la situación personal del trabajador despedido. Esto implica que dos empleados en una situación de despido idéntica podrían recibir indemnizaciones diferentes en función de sus circunstancias y de diversos factores, como son los siguientes:
- Edad, sexo, estado civil, lugar de residencia y demás elementos personales relevantes.
De esta manera se valora que para una persona de 60 años puede ser mucho más complicado volver a encontrar un empleo que para otra de 25 años, por lo que el daño que provoca el despido también es mayor. Esa diferencia debe reflejarse en la indemnización. Pero este enfoque también puede tener un efecto llamativo, que despedir resulte más caro o barato dependiendo de la ciudad o la comunidad autónoma en la que viva el trabajador, al utilizarse datos estadísticos relacionados con el territorio.
Los criterios reparativos que aplica la justicia
Aunque la media de las indemnizaciones sea en la actualidad inferior a las que había hace una década, en los juzgados ya se viene aplicando una doctrina que tiene en cuenta la situación personal del trabajador despedido, apoyándose en la jurisprudencia de la Organización Internacional de Trabajo.
Un claro ejemplo de ello es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, que fijo una indemnización cuatro veces superior a la determinada en primera instancia al considerar que el despido de una trabajadora le genera una mayor desprotección que a otros compañeros. Pero esta jurisprudencia no obliga a todos los tribunales de España a seguirla. Por ello el Gobierno quiere incorporar este criterio en la normativa durante lo que resta de legislatura, para que el conocido despido reparativo sea homogéneo y no dependa del lugar en el que ocurre cada uno.