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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aprobado este martes con las comunidades autónomas el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia. El cual reduce las plazas de los centros de mayores y aumenta sus empleados para ofrecer un trato personalizado.
Los centros que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, mientras que las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120.
Para las que ya existen, el 80 % deberán adaptarse y crear unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar. No obstante, en zonas rurales y «por circunstancias excepcionales de viabilidad económica» algunos podrían alcanzar las 120.
Hoy hemos logrado alcanzar un acuerdo con las CC.AA para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia.
Miramos al futuro y a la vejez con esperanza.
Gracias @nachoalvarez_ por hacerlo posible. pic.twitter.com/fRsiaIXEtQ
— Ione Belarra (@ionebelarra) June 28, 2022
Un plan personal de atención
Por otro lado, el nuevo modelo establece un mayor número de trabajadores de atención directa en función del número de residentes y mejora sus condiciones laborales y sus titulaciones. Dispone, igualmente, que el 80 % de los contratos sean indefinidos, como mínimo, y que el 66 % sean a tiempo completo (50 % en caso de la ayuda a domicilio). Planes personalizados, habitaciones individuales y centros de día cercanos.
Cada persona tendrá un plan personal de atención que recogerá sus preferencias y su voluntad respecto a cómo quiere vivir. El documento podrá incluir testamento vital o instrucciones previas de atención para cuando se acerca el final de la vida.
A su vez, las personas tendrán derecho a recibir una atención libre de sujeciones (físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas) y también de coerciones. La familia y personas allegadas también podrán colaborar en los cuidados y tendrán comunicación con el profesional de referencia que garantice un seguimiento de su estado. Habrá, además, más habitaciones individuales.
Los nuevos centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas públicas en este tipo de estancias. Los ya construidos o en fase de construcción dispondrán como mínimo de un 10 % de las plazas públicas en zonas rurales y del 25 % en ciudades.
En cuanto a los centros de día, deberán estar ubicados cerca de la residencia habitual para facilitar la permanencia en su entorno habitual. Además, el servicio de ayuda a domicilio se adaptará a los horarios, rutinas, días de la semana y tipología de las tareas que elija el usuario.
Formación especializada y título universitario
Según el nuevo modelo de centros de mayores, sus directores deberán tener titulación universitaria y formación especializada. Los que ya ejercían ese cargo sin esa formación, tendrán que acreditar cinco años de experiencia en el sector.
El acuerdo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la habilitación provisional de los trabajadores sin haber alcanzado los requisitos. Pero con el compromiso de realizar la formación para garantizar la estabilidad del empleo.
Críticas al nuevo modelo
Todos estos requisitos forman parte del plan de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, para el sector de la dependencia. Una serie de requisitos mínimos que ha hecho ponerse de acuerdo a sindicatos y patronal para denunciar el escaso realismo de la propuesta. Poniendo en duda la viabilidad del acuerdo aprobado y advierten que supondrá «un incremento muy importante de los precios».
Para el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, el acuerdo «nace muerto por la oposición de las patronales, de los sindicatos y de ocho comunidades autónomas más Ceuta, que son más de dos tercios de la población de este país».
Por otro lado, para las familias, el documento logrado tampoco es satisfactorio, sobre todo, tras haber situado tan altas las expectativas. Concretamente, las familias se oponen al texto al considerar que las ratios de personal son escasos, que no se garantiza un número suficiente de inspecciones, que el máximo de plazas es «excesivo», que se mantiene «el caos» y no hay coordinación sociosanitaria, que los órganos de representación de las familias y de las usuarias «son deficientes», que el plazo para la supresión de sujeciones es demasiado largo y que no se garantiza un «plan de construcción de residencias públicas».