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El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. Entre cuyas medidas se encuentra acabar con la exclusión de la prestación por desempleo que sufría este colectivo.
El decreto salió adelante por 293 votos a favor y 53 abstenciones. Además, se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia, de forma que se podrán introducir enmiendas por parte de los partidos políticos.
En la presentación del texto, al que mostraron su apoyo todos los grupos políticos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que “esta es una norma de reparación, reconocimiento y dignidad, imprescindible para democratizar el trabajo en nuestro país y restañar esa gran herida” con el colectivo de personas empleadas de hogar, en su mayoría mujeres.
Además, destacó que se cumple un “mandato internacional” y recordó que España ha ratificado este año el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo, precisamente, a los derechos de las empleadas de hogar.
Para Díaz, el decreto que equipara los derechos laborales de las trabajadoras de hogar “es una norma que debe integrar el ordenamiento jurídico español porque es deber garantizar a la ciudadanía un trabajo decente y en condiciones de igualdad«.
Medidas que establece
El texto legal resuelve la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo. También garantiza la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no sólo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.
Además, proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.
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Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fogasa
Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.
Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios.
El decreto también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
Se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido.
El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar.
La norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.