[tie_list type=»checklist»]
- Si quieres estar al día síguenos en redes: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y Google Noticias.
- Hacienda reconocerá el derecho de los ciudadanos a equivocarse declarando un impuesto
- Qué retención debe aplicarse en la nómina para que la Renta no salga a pagar
- Las ayudas que pueden pedir los jóvenes en 2023
[/tie_list]
El actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en la Agencia Española de Empleo, un organismo público gestionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así lo dictamina la nueva Ley de Empleo aprobada hace unos días el Congreso de los Diputados, la cual ya ha sido publicada en el BOE y que tiene como objetivo ofrecer una atención individualizada al ciudadano y ampliar los colectivos de atención prioritaria. Esta, además, introducirá algunas novedades, como un mayor control de los ERE a través de la Inspección de Trabajo.
La #LeyDeEmpleo ya está publicada en el @boegob:
✅ Impulsa la modernización de servicios públicos de empleo para ofrecer oportunidades a las personas demandantes de empleo y dar una atención de vanguardia a la ciudadanía.https://t.co/StIHU7ThHS pic.twitter.com/HeyiYuiEcR
— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 1, 2023
La nueva Ley de Empleo transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nueva ‘Agencia Española de Empleo’. Es la principal acción de una norma que retoca las políticas activas de empleo (PAE), con la intención de modernizar y hacer más individualizada la atención al ciudadano, según ha defendido el Ministerio de Trabajo.
Mejorar la gestión y el funcionamiento del organismo
La idea de transformar el SEPE tiene el objetivo de mejorar la gestión y el funcionamiento del organismo que no supondrá ningún coste económico adicional.
Además, la Ley de Empleo incluye también dentro del trámite parlamentario un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo, fruto de una enmienda pactada entre las fuerzas de coalición.
La medida supone que la Inspección de Trabajo tendrá entre sus competencias la vigilancia de las causas de los ERE, por lo que podrá emitir desde su origen un informe preceptivo sobre si la empresa cumple con la justificación necesaria para aplicar un despido colectivo.
Nuevo modelo de gobernanza
Los objetivos de la nueva ley implican también un nuevo modelo de gobernanza, una conversación más eficaz y plural entre administraciones.
La Conferencia Sectorial planteará recomendaciones y acuerdos específicos sobre fomento del empleo digno a las Comunidades Autónomas.
La Inteligencia Artificial es una realidad cotidiana, también en el proceso de búsqueda de un empleo o en la definición de una oferta. La ley consolida las redes de información compartidas y renovará el portal público de empleo, con acceso global desde el teléfono móvil.
Servicios personalizados de empleo
La Ley apuesta por unos servicios personalizados de empleo también orientados al tejido productivo.
Las empresas deberán comunicar las vacantes para facilitar que se garanticen las necesidades de empleo actuales y futuras.
Si quieres recibir mas artículos como este, síguenos en redes: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y Google Noticias.
Principio de igualdad y no discriminación
El primer principio rector de la nueva Ley es el principio de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo.
Ni la edad, ni el origen, ni la orientación sexual, ni la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones será obstáculo para encontrar un empleo.
Dado que el nuevo SEPE se regirá por los principios de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución, se incluirán más colectivos de atención prioritaria.
Bajo esta categoría se englobará a las personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas, y trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.
