El aumento de la fiscalidad en el año 2025, se da por sentado. Se trata del mismo aumento anunciado como parte de un plan estratégico con el que el gobierno de Pedro Sánchez persigue el ajuste de las cuentas públicas mediante una subida de impuestos, como si de manera automática fuera a ser preferida dicha subida a un recorte del gasto público.
La medida, planteada para incrementar la recaudación fiscal en 4.700 millones de euros, tendrá como horizonte 2031 y, por lo tanto, será consistente con los compromisos fiscales exigidos por Bruselas; es decir, el ajuste necesario para reducir la deuda pública. La idea detrás del ajuste fiscal es la de potenciar los ingresos a partir de una reforma impositiva que afectaría a diferentes sectores clave de la economía pretendiendo, al mismo tiempo, cumplir las reglas fiscales europeas y, al mismo tiempo, sin recorte del gasto público.
¿Por qué suben los impuestos?
Un motivo fundamental que da lugar a esta reforma fiscal es la necesidad de reducir la deuda pública, que en el caso de España está lejos de los niveles de otros países que pertenecen a la zona euro. De acuerdo con lo que establece la Comisión Europea y que España debe cumplir, la deuda debería reducirse en al menos un punto del PIB cada año, y eso exigiría generar más ingresos sin reducir el gasto público, y por lo tanto, hacer de la subida de impuestos una estrategia clave.
También es cierto que el Gobierno ha tomado esta alternativa, que se ha comprometido a hacer un ajuste fiscal sin recortes en la parte de las cuentas públicas, pero a cambio plantea aumentar los ingresos mediante la creación de nuevos impuestos o la consolidación de los que existen, en particular los que afectan a sectores como el del energético o el financiero.
Empresas eléctricas y banca, en el punto de mira
Uno de los elementos más relevantes de esta reforma es el mantenimiento de los impuestos sobre las grandes empresas eléctricas y la presentada sobre la banca. En un primer momento, estos impuestos tenían una proyección temporal, pero en 2025 pasan a considerarse impuestos definitivos. Esta llegada podría tener consecuencias sobre los consumidores, que podrían ver cómo los costes añadidos que asumen estas empresas pasan a repercutirse en los precios de su oferta, de los productos y servicios que producen.
El ámbito de la energía, que ya tiene su correspondiente presión regulativa para el control de los precios de la energía, vería caer sus márgenes de beneficio aún más. En la misma dirección, la banca que ya estaba sujeta a un tributo adicional, verá también consolidado este impuesto. En definitiva, los consumidores pueden ser quienes acaben asumiendo el coste final de estas medidas.
Impuestos para multinacionales
Otro aspecto importante a reseñar lo constituye la aplicación de un tipo mínimo del 15 % para las grandes multinacionales. Esta acción, también pendiente de la aprobación parlamentaria, habrá de buscar asegurar que las compañías presentes a nivel global abonen una porción justa de impuestos en el correspondiente país. Como tipo mínimo, el Ejecutivo espera recaudar parte de la necesaria para cumplir sus metas, contribuyendo así a la mayor equidad del sistema.
Dicho tipo mínimo no solamente será aplicable a las multinacionales con presencia en España, sino que también se enmarca dentro de las recomendaciones internacionales a fin de evitar la elusión fiscal. Como medidas de respuesta esperar, se desconoce, no obstante, si las multinacionales decidirán ajustar sus operaciones en consecuencia para evitar el impacto a las operaciones de recolocación.
El impacto en los ciudadanos
Sin dejar de lado la existencia de las grandes fracciones de la economía, lo que es muy probable es que se produzca la sensación entre los ciudadanos de que la reforma fiscal puede ser percibida como económica en sus bolsillos. A pesar de que el gobierno sostiene que la medida es una necesidad para garantizar la estabilidad económica a largo plazo, el ajuste fiscal podría llegar a implicar el ajuste de los impuestos sobre las rentas del trabajo y del capital.
Para mayor abundancia, la reforma se presenta con una doble intencionalidad: por un lado, incrementar ingresos, y por el otro, llevar a cabo una transición energética y una mejora de la equidad del sistema tributario. Al respecto, es posible que se introduzcan incentivos o desincentivos fiscales que favorezcan la sostenibilidad, aunque lógicamente esta cuestión está aún por abordar.
La pura realidad es que, a medida que se vayan acercando los plazos de aplicación, los ciudadanos tendrán que estar muy pendientes de lo que las medidas aporten a sus economías domésticas, y cómo acabarán afectando a los servicios que consumen cada día.