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Un articulo de: Directoras y gerentes de Servicios Sociales.
Desde la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han indicado que, ante un repunte de la incidencia del covid19 las personas mayores que viven en residencias tienen derecho y requieren asistencia sanitaria efectiva por parte del sistema sanitario. Y exponen que, es necesario plantear una tercera dosis de la vacuna en estos centros.
Incidencia del covid19 en las residencias de personas mayores
La incidencia del covid19 en las residencias de personas mayores en las últimas semanas según la Asociación, plantea la duda de si las vacunas puestas entre los meses de diciembre, enero y febrero y que tan eficaces se han mostrado desde esa fecha, pudieran estar perdiendo eficacia en esta población de edades muy avanzadas y más específicamente, su eficacia real contra la variante delta.
Los datos que publica semanalmente el IMSERSO así parecen sugerir indican desde la Asociación, a falta de estudios rigurosos que deberían haberse llevado a cabo por parte de los servicios de salud pública. Estos datos ofrecen indicadores que no se registraban desde el mes de febrero:
- Tasa de contagio: Desde la semana de 8 al 14 de febrero no se superaba 10 personas contagiadas por cada 10.000 residentes (19,57), mientras que del 12 al 18 de julio se alcanzaron 17,10, del 19 al 25 de julio 36,35, y del 26 de julio al 1 de agosto, 38,78.
- Nº absoluto de contagios: También hay que remontarse a febrero para superar la cifra de 1.000 residentes contagiados: 1.355 del 1 al 7 de febrero, y 1.160 la del 26 de julio al 1 de agosto.
- Personas fallecidas: las 71 personas fallecidas en residencias con covid19 la semana del 26 de julio al 1 de agosto es la cifra más alta desde la semana del 21 al 28 de febrero.
Una situación que se viene agravando en las últimas siete semanas:
Es cierto que ahora la letalidad es más baja que en las primeras olas, situándose en 6,37%, lo que sugiere que todavía persiste la inmunidad gracias a éstas.
Por todo ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales proponen:
- Que Salud Pública realice de forma urgente un estudio inmunológico para constatar el grado de inmunidad que existe actualmente en las residencias de personas mayores. Si del mismo se dedujera la pérdida de eficacia de la vacuna, vacunar con una tercera dosis a las personas residentes y a las que trabajan en estos centros.
- Proporcionar PCR a todos los centros para que realicen pruebas semanales a todas las personas residentes y trabajadoras, así como a toda persona de nueva contratación o a su vuelta de vacaciones.
- Aunque de eficacia más limitada, exigir prueba de antígenos o prueba de vacunación completa (pasaporte covid) a todas las personas que visiten a los residentes o que deban entrar al centro.
- Cuando se detecten casos positivos entre residentes o trabajadores en un centro residencial, las medidas de confinamiento deben limitarse a los contagios de riesgo (personas o espacios determinados), y no a todo el centro. El confinamiento general de todas las personas residentes puede ser, en ocasiones, más letal que el propio virus.
- Aconsejar a las personas residentes que en sus salidas con familiares permanezcan en lugares abiertos, evitando espacios cerrados antes de recibir la tercera dosis y dejar pasar 15 días desde la misma.
- Prestar atención médica efectiva y presencial, siempre que sea necesario, a las personas que viven en centros de mayores, desde los Centros de Salud y de los especialistas
Incremento de casos
Ante este incremento de casos la Asociación espera que, los servicios del Sistema Nacional de Salud y en especial, los servicios de Salud Pública en cada Comunidad Autónoma, actúen de manera proactiva, especialmente desde los centros de salud, con una presencia efectiva en los centros para atender a las personas de su cupo o personas en su área sanitaria.
Como indican, son muchos los centros residenciales de mayores que no han recibido, desde hace meses, la visita de médicos del centro de salud correspondiente, lo que supone una quiebra del derecho de ciudadanía de las personas mayores que viven en estos centros, a recibir asistencia sanitaria en el lugar donde viven. Tampoco se han recibido visitas presenciales de los responsables de epidemiología en cada región sanitaria.
Desde la Asociación solicitan que, la actuación de los servicios de salud en los centros sanitarios no se puede limitar exigir datos y dar órdenes sobre lo que deben hacer o dejar de hacer. Las personas que viven en los centros de mayores necesitan, como cualquier ciudadano, cuidados médicos y servicios de salud pública por parte del Sistema Nacional de Salud, no sólo inspectores.