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Un articulo de la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales
La crisis sanitaria y social provocada por el covid19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, el incremento del gasto en estas políticas, gestionadas por las CC.AA. sólo ha sido el 7% entre 2019 y 2021, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 34% en ese mismo periodo (casi 5 veces más). Ello evidencia la pérdida de peso del gasto social en las Comunidades.
8.526,8 millones de euros ha aumentado el gasto corriente en políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) en el conjunto de Comunidades entre 2019 y 2021. Llama la atención el exiguo crecimiento del 3,5% del gasto sanitario (+2.356 millones). Debemos reseñar que el presupuesto en 2021 es definitivo (no liquidado) y que es precisamente en la Sanidad donde se producen con más frecuencia desviaciones presupuestarias.
El importante aumento de las transferencias estatales
Destaca el importante aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo. Los datos nos indican que este incremento de financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las Comunidades.
La evolución del gasto en políticas sociales por CCAA ha sido muy desigual:
- En cuantía: Todas las Comunidades salvo Cataluña, Madrid y Murcia han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, destaca Castilla La Mancha con un aumento de 514,9 € y La Rioja con 487,3 €. En negativo sorprende Cataluña que lo reduce en 134,5€, Madrid en casi 119€ y Murcia en 64,9 €.
- En porcentaje: Un escenario diferente nos muestra el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general. Si observamos el porcentaje de su presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales, vemos que 12 de las 17 Comunidades han reducido este porcentaje, siendo especialmente acusado este descenso en la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Cataluña (-5,55%)
Analizando el gasto por habitante y en el año 2021 en cada CCAA, el dibujo de España es muy desigual. Los 2.202 € que Madrid invierte en consolidar sus derechos sociales frente a los 3.748 € de Navarra o los 3.570 € del País Vasco nos confirman la desigualdad en España. Entre las Comunidades de Régimen Común, destaca Extremadura, con 3.371 €, Asturias (3.293 €) y Cantabria (3.192 €).
De nuevo Madrid, con 2.202 € y Cataluña, con 2.423 €, se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 20,6% inferior a la media de España.
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10 años y una pandemia para recuperar el gasto social
Han tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social. Pero su incidencia en los presupuestos autonómicos es cada vez menor.
Hasta 2019 no se superó el gasto que las Comunidades destinaban a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), ni en cuantía ni en gasto por habitante. Así, los 116,9M de € de 2009 sólo se superan en 2019 (122,5M €), y los 2.774,8 € por habitante y año en gasto social de media en el conjunto de Comunidades en 2021 ni siquiera es un 10% superior al de 2009 (+9,4%).
Pero desde 2010 el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, tendencia rota ligeramente en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia claramente decreciente.
Grupo de gasto |
Diferencia 2021 – 2009 |
En €/habitante |
||
En millones de € |
Var. % |
2021 |
Diferencia 09/21 |
|
Sanidad |
5.640,3 |
8,79% |
1.478,91€ |
86,24 € |
Educación |
4.696,1 |
11,52% |
963,11 € |
78,36 € |
Servicios Sociales |
3.825,9 |
32,18% |
332,80 € |
74,88 € |
Resto de políticas |
2.250,4 |
4,42% |
1.126,87 € |
21,29 € |
Deuda |
32.797,1 |
476,22% |
840,49 € |
691,06 € |
El gasto en el resto de políticas continúa aumentando, y si en 2008 su coste suponía 121 € por habitante, en 2021 ha supuesto siete veces más (840,5 €), limitando así la capacidad de las Comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales.