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¿Quieres saber las medidas que toman las Comunidades Autónomas para la Ley de Vivienda 2023? En este artículo te lo contamos.
La aprobación de la Ley de Vivienda por parte del Gobierno, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha cambiado el panorama para inquilinos y propietarios. Esta nueva normativa busca aliviar las dificultades de acceso a la vivienda para los colectivos más vulnerables mediante la limitación del precio del alquiler y el fomento de las viviendas públicas.
Este pasado miércoles, el Senado aprobó definitivamente el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, lo que significa que la norma está lista para ser implementada una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Ley de Vivienda incluye medidas para regular el impago de alquileres por parte de inquilinos. También, protege a las personas vulnerables ante un posible desalojo. Esta nueva normativa modifica la Ley 1/2000 del 7 de enero y tiene como objetivo principal garantizar los derechos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Además, el Gobierno también establecerá normas para:
- Regular los desalojos.
- Proporcionar asistencia para acceder a viviendas sociales y asequibles.
- Crear un conjunto de viviendas públicas asequibles.
Medidas que deciden las Comunidades Autónomas de la Ley de Vivienda 2023
La Ley de Vivienda incluye una serie de medidas que se centran en la identificación de zonas con una alta demanda de casas. Lo que lleva a la famosa denominación de zona tensionada.
Las autoridades competentes en materia de vivienda podrán declarar estas zonas «a los efectos de orientar las actuaciones públicas en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de hogares para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, estableciéndose unas reglas procedimentales para su declaración a los efectos de la legislación estatal».
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Zonas tensionadas
Antes de declarar una zona tensionada, será necesario llevar a cabo un proceso de recopilación de información sobre el mercado residencial en la zona. Ya sea tanto en términos de venta como de alquiler. Así, se evalúa el esfuerzo económico que los hogares deben hacer para conseguir una vivienda. Además, se debe llevar a cabo un proceso de información que será de carácter público que justifique la necesidad de un plan específico que proponga medidas para corregir los desequilibrios en el suministro insuficiente de viviendas para la población residente. Por último, se debe elaborar una memoria que incluya la identificación de los riesgos especiales asociados con la formación de nuevos hogares.
En caso de que se declare zonas tensionadas con la Ley de Vivienda 2023, los contratos existentes mantendrán los límites generales de aumento, que serán:
- Del 2% en 2023.
- Del 3% en 2024.
- A partir de 2025, se aplicará un nuevo índice de referencia para el alquiler