Hacienda ya ha avisado que, a partir del 1 de enero de 2026, los autónomos y las pymes deberán cumplir con una nueva exigencia tecnológica si no quieren exponerse a sanciones que podrían alcanzar los 150.000 euros; y el motivo no es otro que la entrada en vigor del sistema Verifactu, una herramienta diseñada para enviar las facturas directamente a la Agencia Tributaria. Y, aunque ahora mismo los obligados son solo los fabricantes de software, lo cierto es que el cambio afectará a todos aquellos que también emiten facturas, es decir, a miles de autónomos y pymes de nuestro país.
Esta advertencia no es algo que se deba pasar por alto o a lo que haya que restarle importancia, ya que Hacienda ha comenzado a vigilar este tipo de documentos desde este mes de julio de 2025, por lo que no se trata de una intención, sino algo que ya está en marcha y cuyo proceso culminará el año que viene, ya que en cuanto pasemos la hoja del calendario de diciembre a enero de 2026, quien no esté adaptado al nuevo sistema, estará incumpliendo la normativa.
Todo esto significa que, en términos prácticos, las sanciones pueden llegar a ser catalogadas de graves, incluso si no hay fraude de por medio, por lo que si eres autónomo o formas parte de una pyme, más vale que vayas tomando nota de todos los detalles que dejamos a continuación para tener un margen de adaptación y que no te pille el toro en el último momento.
Qué es Verifactu y por qué afecta a los autónomos y pymes
Verifactu no es un programa como tal, sino un sistema que obliga a los software de facturación a enviar automáticamente cada factura a Hacienda en tiempo real y, unque su uso será técnicamente voluntario, lo cierto es que todos los programas deberán estar preparados para esta función. Esto implica que muchas de las herramientas que hoy usan los autónomos y las pymes dejarán de ser válidas si no se actualizan conforme a los nuevos requisitos.
Por ejemplo, las hojas de cálculo de toda la vida o ciertos programas gratuitos que permiten emitir facturas ya no serán legales si no están certificados, ya que los nuevos requisitos que se exigen son trazabilidad, inalterabilidad y una certificación visible dentro del propio sistema que garantice que se cumplen los estándares exigidos, de modo que cualquier modificación posterior quedará registrada. En caso de que el programa que usas para emitir facturas no cumpla con dichas condiciones, este no podrá seguir actualizándose.
Los plazos de adaptación y las posibles sanciones para autónomos y pymes
El Gobierno ha establecido dos fechas que suponen un punto y aparte en esta nueva normativa, que son el 1 de enero de 2026 para las empresas y el 25 de julio de 2026 para los autónomos personas físicas y, si bien es cierto que hasta entonces hay cierto margen, desde este mes Hacienda ya controla a los desarrolladores de software y su capacidad para cumplir con la Ley Antifraude.
Y qué decir de las multas que se podrán imponer a aquellos que no cumplan con los plazos o con los requisitos establecidos, ya que las sanciones no serán simbólicas, pudiendo llegar hasta los 50.000 € por usar programas no certificados, y hasta 150.000 € si el incumplimiento es reiterado.
Obviamente, esto marcará un antes y un después para muchos trabajadores por cuenta propia o para las pequeñas y medianas empresas, ya que muchas veces no cuentan con tantos recursos como las compañías de gran tamaño y ni siquiera reciben un asesoramiento técnico. Y es que con esta nueva normativa, tendrán que hacer una inversión inicial para poder operar con un software actualizado, además de que, mensualmente, estos programas tienen un coste de entre 20 y 100 euros, dependiendo de las funciones y del proveedor con el que lo contraten.