Por primera vez, cuidar de una persona dependiente ya no será solo una cuestión de vínculos de sangre, ya que ahora tanto amigos, vecinos o incluso parejas de hecho sin parentesco directo podrán cobrar ciertas ayudas por llevar a cabo justo eso mismo, la tarea de atender las necesidades del día que tiene una persona de este tipo y que, hasta ahora, quedaban fuera del sistema, tanto ellas como el trabajo tan innegable que llevaban a cabo.
Esta reforma, que surge por parte del Gobierno y que ya ha sido enviada al Congreso de los Diputados, supone un cambio total en la Ley de Dependencia y la Ley General de Discapacidad, reconociendo de forma legal y económica a quienes, sin ser familiares directos, se han convertido en figuras muy importantes en la vida de las personas dependientes ya que son sus brazos y sus piernas, sus ojos y sus oídos, y hasta hoy solo obtenían gratitud por nuestra parte.
El cambio más importante afecta directamente a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, ya que a partir de ahora, cualquier persona que conviva o preste atención continuada a alguien con dependencia en su casa podrá solicitar estas ayudas, aunque no tenga lazos consanguíneos con el beneficiario, requisito que hasta ahora era imprescindible. El objetivo es adaptar el sistema a las realidades sociales actuales y ampliar el acceso a unas ayudas que, hasta ahora, dejaban fuera a muchas personas que cuidan a otras simplemente por cariño y amor, pero que no tenían ni reconocimiento ni compensación.
Las ayudas ya no entienden solo de familia
Hasta ahora, estas ayudas estaban reservadas a familiares como hijos, hermanos o cónyuges, lo que dejaba sin cobertura a cuidadores habituales que, por no tener un papel “oficial” en la familia, no podían acceder a ningún tipo de apoyo económico por parte de la administración, algo que ha dado un giro de 180 grados gracias a esta reforma, con la que se les reconoce formalmente como cuidadores principales y podrán tramitar la prestación.
Además, se elimina una de las restricciones que más quebraderos y disgustos estaban generando, que era la incompatibilidad entre estas ayudas y el trabajo, lo cual viene a decirnos que, si el cuidador tiene un empleo, ya no tendrá que renunciar a la prestación, lo cual era un gran impedimento para muchas personas que combinaban empleos precarios con el cuidado a estos familiares o conocidos.
Lo mejor de todo, es que esto no se queda ahí, ya que la reforma también unifica los circuitos de dependencia y discapacidad, lo que supondrá una simplificación enorme en los trámites; lo que supondrá a su vez que obtener un grado de dependencia llevará consigo automáticamente el porcentaje de discapacidad correspondiente, que es de un 33 % para grado I, y de un 65 % para los grados II y III.
Muchos más derechos para los que cuidan y para los que son cuidados
Esta reforma también incorpora nuevos derechos para las personas dependientes, pensados para reforzar su autonomía y evitar situaciones de abuso o aislamiento, Un ejemplo de ello es que se reconoce el derecho a decidir dónde y cómo recibir la atención, priorizando la permanencia en el entorno habitual o en recursos comunitarios. También se prohíben las sujeciones físicas o el uso de medicamentos sin consentimiento, además de que se refuerzan las garantías frente a internamientos forzosos que no estén debidamente justificados.
En cuanto al apoyo práctico, se amplía el catálogo de servicios disponibles, entre los que podemos ver un aumento en la asistencia domiciliaria, se potenciará la teleasistencia avanzada y se pondrán en marcha nuevas fórmulas de vivienda colaborativa con apoyo profesional. Asimismo, se facilitará el préstamo de productos como camas articuladas, sillas de ruedas eléctricas o asistentes de voz, sin coste añadido para la persona dependiente, algo que hasta ahora suponía un gasto extra que muchas familias no podían asumir.
Si todo sigue su curso en el Congreso y llega a buen puerto esta iniciativa, se espera que estas ayudas entren en vigor antes de que finalice el año 2025.