Parece película, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a una mujer que durante 16 años fingió una discapacidad para cobrar una pensión, pero lo más sorprendente de todo el caso es que no fue cualquier discapacidad, sino que alegó haber perdido el habla tras la agresión de una clienta mientras trabajaba como cajera de supermercado. El pastel se descubrió cuando la mutua de la empresa contrató un detective privado que descubrió todo el engaño y que demostró que todo había sido una gran mentira de la extrabajadora, la cual se puede enfrentar ahora a ciertos delitos penales contra la Seguridad Social.
La verdad es que este caso, el cual ha tenido lugar en Andalucía, ha generado bastante revuelo tanto por el propio hecho de fingir que se ha perdido el habla como el haberlo conseguido durante un plazo de tiempo tan elevado (16 años). Pero esto no se queda en lo sorpresivo del caso, sino que, como desde 2009 esta mujer empezó a recibir una pensión de incapacidad permanente absoluta tras haber sido reconocida esta discapacidad, las implicaciones legales que esto va tener serán importantes y sentarán precedentes.
Cómo se descubrió este fraude
La historia comenzó en 2003, cuando la trabajadora alegó haber perdido el habla tras un ataque sufrido en su puesto de trabajo. Según su relato, el impacto psicológico del incidente provocó una discapacidad que la dejó muda y, a raíz de ello, en 2009, la Seguridad Social le reconoció una pensión por incapacidad permanente absoluta, dado que el cuadro psicótico se consideró una secuela del accidente laboral.
Sin embargo, en 2019, un psicólogo de la mutua comenzó a sospechar de la veracidad de la discapacidad alegada por la mujer ya que según explicó Pere Vidal, abogado asociado del despacho Roca Junyent, el profesional notó que la mujer, aunque permanecía callada, no hacía ningún esfuerzo por comunicarse a través de gestos u otros métodos alternativos, lo que no coincidía con los síntomas habituales de un trastorno de mutismo.
Debido a las dudas de este psicólogo, la mutua decidió contratar los servicios de un detective privado que, pasado el tiempo, pudo captar cómo la mujer hablaba con normalidad en situaciones cotidianas, tales como al ver a los vecinos o en la puerta del colegio de su hija con otros padres. Pero la guinda del pastel fue que el detective incluso llegó a preguntarle la dirección de un centro comercial de la zona y ella no dudó un momento al responder. Y sí, lo hizo hablando.
Con esta información en la mano, la mutua presentó las pruebas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que emitió una sentencia en contra de la mujer. El tribunal concluyó que la trabajadora había simulado la discapacidad para cobrar la pensión, ya que quedó demostrado que podía comunicarse sin ningún tipo de dificultad.
¿Qué consecuencias tiene fingir una discapacidad?
Simular una discapacidad para obtener una pensión no solo es un fraude económico, sino que también implica graves consecuencias legales. En este caso, el TSJA no solo ha retirado la pensión a la mujer, sino que ha remitido el expediente a la Fiscalía para que evalúe si los hechos constituyen un delito contra la Seguridad Social. Además, la trabajadora deberá devolver todo el dinero cobrado de manera indebida durante los 16 años en que percibió la prestación.
Según recoge la sentencia, la mujer “se relaciona y conversa con normalidad con las personas de su entorno”, lo que demuestra que el supuesto cuadro de pseudomutismo nunca existió o, al menos, evolucionó favorablemente sin que ella informara de ello. El tribunal ha considerado que no solo hubo simulación, sino también un intento deliberado de engañar a la Seguridad Social para seguir cobrando la pensión.