Verifactu estaba a un paso de ser realidad, pero ahora tendrá que esperar. El Gobierno ha decidido retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, que iba a ser obligatorio para pymes y autónomos a partir del 1 de enero de 2026 y el 1 de julio del mismo año respectivamente. Ahora, debido a las quejas de múltiples asociaciones y patronales, se pospone un año, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y 1 de julio para los autónomos.
Fue Pedro Sánchez el que, en varias entrevistas, anunció la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes. De acuerdo a fuentes de Hacienda, el proceso se retrasa un año con el objetivo de dar la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”.
Lo que suponía el cambio
La obligación del uso de Verifactu conllevaba adaptar los software de facturación, en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel, de generar ficheros con una especie de huella digital para evitar alteraciones e incluir un código QR en cada una de ellas a través de la cual poder acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Es decir, obligaba a generar un registro de facturación por cada factura emitida.
Reacciones al retraso de Verifactu
El compromiso de posponer esta obligación era un reclamo de varias partes, por ejemplo Junts y las patronales catalanas. Se reclamaban ayudas directas para su implantación ya que uno de cada cuatro empresarios creen que el gasto será entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados en la rama del comercio desconocían cuando entrarían en vigor las nuevas obligaciones.
Las críticas más contundentes al sistema Verifactu llegaron desde el vicepresidente de CEOE y presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amador: “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, comentó en sus redes sociales tiempo atrás. Ahora, Amador ha dado celebra el cambio de posición: “ATA solicitó esta prórroga el 31 de octubre y en varias ocasiones y agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”.
Desde la asociación de autónomos UPTA, Emilio Abad, presidente, considera que se trata de un “despropósito” el giro dado por el Gobierno: “Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación”.
En cuanto a UTAE, también agrupación de autónomos, se critica la “inseguridad jurídica” que provoca esta decisión: “Nos sorprende que algo que se está tratando en el foro de autónomos con las organizaciones representativas y los agentes sociales desde hace más de dos años, ahora se retrase. Más aún cuando se trata de una herramienta de lucha contra el fraude fiscal que no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo, en la medida en que no son los autónomos los obligados a cumplir requisitos de facturación sino los propios software de facturación los que tienen que adaptarse a la normativa y que, por otra parte, en su mayoría, ya se han adaptado”.