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Cuantas veces hemos podido ver que grandes supermercados o incluso nosotros mismos en casa desperdiciamos grandes cantidades de comida. Pues bien, esto ya no seguirá siendo así porque, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el volumen de alimentos que se tiran a la basura en toda la cadena alimentaria.
Multas de hasta 500.000 euros
Este proyecto de ley contempla multas de hasta 500.000 euros para las industrias, supermercados y tiendas de alimentación, así como restaurantes que acumulen dos faltas graves en dos añoso no contar con un plan de prevención de pérdidas o tirar comida ya que este tipo de acciones tiene consecuencias sociales, económicas, ambientales y éticas. Se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
En cuanto a las empresas deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Como excepción, solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan.
Por otro lado, los hosteleros tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido. Salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares, y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Evitar tirar lo que aun se puede consumir
El objetivo prioritario de esta ley es destinar los supuestos desperdicios al consumo humano y se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Esto se llevará a cabo mediante acuerdos que deberán fijar de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos. En el caso de que las entidades quieran acogerse, deberán de justificar y garantizar la trazabilidad de estos productos mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados.
Todas aquellas empresas que infrinjan esta ley se someterán a una falta grave por no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Para la que prevé sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros. Y como infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa.