En nuestro país, el sistema de pensiones contempla la jubilación anticipada de forma voluntaria como una opción para aquellas personas que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. Esta modalidad, implica la aplicación de coeficientes reductores que en algunos casos pueden alcanzar hasta el 30% de la cuantía total y que se mantienen fijas durante toda la vida del pensionistas. Uno de esos ejemplos es el de Juan Antonio Benito, aunque en su caso, como él asegura, hay un error de por medio que le ha pasado factura, tanto que su pensión se ha quedado en 1.450,61 euros, 600 euros menos de lo esperado.
Esta situación, por tanto, afecta sobre todo a los trabajadores de edad avanzada que, después de un despido, no logran reincorporarse al mercado laboral. Muchos optan por suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener su base de cotización, una medida que, en teoría, debería evitar reducciones significativas en la futura pensión. Lo que no ocurrió con José Antonio.
45 años trabajando
El protagonista, inició su vida laboral con 14 años y desarrolló la mayor parte de su trayectoria en una empresa de alimentación en la que llegó a ser encargado de sección. En el año 2009, con 53 años, fue despedido debido a la crisis económica, lo que le llevó a acogerse al desempleo y, posteriormente, a un Convenio Especial de la Seguridad Social.
Según cuenta José Antonio, un funcionario le recomendó abonar una cuota mensual de 400 euros, lo que le garantizaría una pensión de 2.1000 euros al mes. Sin embargo, cuando solicitó la jubilación anticipada a los 61 años, la pensión que le fue reconocida fue de 1.639,66 euros mensuales, que con retenciones de IRPF acabaron en 1.405,61 euros.
Un error administrativo sobre su pensión
José Antonio asegura que se ha visto perjudicado por un error administrativo por parte de la Seguridad Social que le ha supuesto una pérdida de 600 euros al mes en su pensión de jubilación. Esto se debe a que, en vez de tener en cuenta los últimos 25 años de cotización, tal y como establece la norma actual, sólo tuvieron en cuenta los últimos 15 años, excluyendo sus bases más altas en dicha empresa de alimentación.
Después de acudir a las oficinas de la Seguridad Social para tratar de subsanar la equivocación, el empleado público reconoció que había cometido un error. Así, José Antonio decidió acudir a la Dirección Provincial de la Seguridad Social para exponer su caso directamente al secretario del organismo, porque consideraba que “no era justo” su caso. Durante la reunión, el secretario le respondió que él “no ponía la ley” y que el adelanto de su jubilación implicaba un recorte cercano a la cuarta parte de su pensión.
Sensación total de injusticia
En declaraciones a medios de comunicación que se interesaron por su caso, José Antonio transmitió su descontento con la situación y la considera injusta: “Empecé a trabajar desde los 14 años y con 50 años me vi que nadie quería contratarme. Después la Seguridad Social me ha pegado un palo de 600 euros al mes… piensa que son 7.200 euros al año y que va a ser hasta que me muera”.
José Antonio cree que el sistema de pensiones no valora el esfuerzo de aquellas personas que más han contribuido durante su vida laboral. Para él, no resulta equitativo que trabajadores con más de cuatro décadas de cotización sufran recortes tan elevados, mientras que otros con apenas 15 años cotizados, pero en la última etapa de su vida laboral, puedan recibir mejores bonificaciones y complementos.