Jubilado a los 60 años y con más de 3.000 euros de pensión: así consiguió este hombre ganar la partida a la Seguridad Social

Conseguir jubilarse a los 60 años y cobrar más de 3.000 euros de pensión parecía un objetivo imposible para un trabajador vasco al que la Seguridad Social le negó su solicitud. Sin embargo, tras años de lucha, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le dio la razón y obligó al organismo a reconocerle el 100% de la base reguladora, por lo que ahora mismo se encuentra, no solo disfruta de una pensión anticipada de 3.126,83 euros al mes, sino que también recibirá un pago retroactivo, es decir, por todos los años que se le debían hasta que reconocieron su situación, cercano a los 113.000 euros.

Si vamos al origen de toda esta batalla legal, empezaríamos por cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó de plano la petición de este jubilado debido a que no alcanzaba los días mínimos de cotización, los cuales se encuentran actualmente en los 38 años y 3 meses (si la persona quiere jubilarse al llegar a los 65 años) o en, en caso de no haber llegado esa cifra, deberá esperar a los 66 años y 8 meses para retirarse del mercado laboral sin penalizaciones, al menos en este 2025.

Parecía que todo estaba en contra de este trabajador, pero nunca se dio por vencido y siguió luchando hasta en los tribunales, los cuales finalmente le han dado la razón, marcando de este modo un precedente para otras personas en situaciones similares, las cuales ahora saben que no deben conformarse con lo que la Seguridad Social les impone si no están de acuerdo con ello.

Un caso complejo con la pensión en juego

Este trabajador, que es el protagonista de nuestra historia, había cotizado sus buenos 33 años, pero desde niño vivía con las secuelas de la poliomielitis, más conocida como la polio, la cual es una enfermedad que afecta al sistema nervioso de las persona que la padece. Ya en 2013, el grado de discapacidad de este trabajador fue fijado en un 46%, lo cual le permitía solicitar la jubilación anticipada bajo el Real Decreto 1851/2009, accediendo con ello a la pensión a los 60 años, algo que pueden hacer quienes posean una discapacidad igual o superior al 45%.

La Seguridad Social, sin embargo, interpretó que aquel aumento en el grado de discapacidad no podía aplicarse de forma retroactiva y, además, subrayó que le faltaban 663 días, lo que es casi casi dos años, para alcanzar los 12.775 exigidos por la normativa. Con ese argumento, rechazó la solicitud de pensión, pero el trabajador no se amedrentó convencido de que se le estaba negando un derecho legítimo, iniciando con ello un proceso judicial que se prolongó por varios años.

Finalmente, el TSJPV concluyó que sus secuelas encajaban dentro de los requisitos legales y que, con un 46% de discapacidad, cumplía el umbral necesario, concluyendo de esta forma con que su pensión quedase reconocida al 100% de la base reguladora, sin los recortes habituales que acompañan a las jubilaciones anticipadas.

Una victoria frente a la Seguridad Social

Como podemos suponer, el camino por el que tuvo que transitar no fue nada sencillo, ya que tras las primeras reclamaciones, la justicia le reconoció el derecho a cobrar la totalidad de su pensión, pero el INSS decidió recurrir en varias ocasiones, tratando de impedir el reconocimiento. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó confirmando lo que ya se había establecido en instancias anteriores, y es que este trabajador tenía pleno derecho a su pensión.

La resolución final supuso no solo el cobro mensual de más de 3.000 euros, sino también una compensación retroactiva de tres años, que alcanza los 112.565,88 euros. Se trata de un fallo que envía un mensaje claro, y es el de que la Seguridad Social puede ser cuestionada y, en determinadas circunstancias, los tribunales son la vía para hacer valer los derechos de los trabajadores.