El panorama inmobiliario español es una de las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad por las dificultades de acceder a la vivienda por el alto coste de la misma. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se trabaja en la búsqueda de estrategias para acabar con este problema. Una de ellas, el traspaso por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de 40.000 viviendas y más de 2.000 suelos urbanizables a SEPES, el organismo estatal del suelo, para la creación de una promotora pública de alquiler asequible.
Esta decisión representa ya un giro drástico en la gestión del parque inmobiliario de Sareb y marca el inicio de una nueva etapa en la política estatal de vivienda.
Un parque público de alquiler
Estos pisos, que tenían un coste medio de 100.000 euros, representaban una de las principales oportunidades de acceso a la vivienda para familias con ingresos medios u bajos. Su retirada del circuito comercial implica que una parte de la oferta desaparece del mercado libre, generando un posible efecto inflacionario en los precios de compraventa en determinadas zonas.
La Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Castilla y León son las regiones más afectadas por este cambio, pues son las que concentran la mayor parte de las operaciones de venta realizadas por Sareb en los últimos años. En estas comunidades, el parque Sareb ha sido clave para mantener cierto equilibrio en el acceso a la propiedad en un contexto de tensión inmobiliaria creciente.
Este movimiento responde a la decisión del Gobierno socialista de transformar parte del patrimonio de Sareb en un parque público de alquiler de vivienda asequible, gestionado por una nueva entidad dependiente de SEPES. El objetivo es incrementar de manera significativa la oferta de viviendas en régimen de alquiler social o asequible. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el traspaso se producirá de forma progresiva durante los próximos meses. En el mismo estarán, además de las 40.000 viviendas, más de 2.400 suelos con capacidad para levantar hasta 55.000 nuevas unidades residenciales.
Sareb, en pérdidas millonarias
Esta maniobra tendrá consecuencias económicas directas sobre la delicada situación de Sareb, que perderá, según las estimaciones, 5.900 millones de euros de ingresos en el futuro. Esto agrava todavía más la viabilidad de la entidad de cara a su liquidación prevista en 2027. La venta de viviendas representa el 58% de los ingresos de Sareb, por lo que esta operación supone la pérdida de su principal vía de facturación. Además, el golpe financiero aumenta con la paralización de la venta de su promotora, Árqura, que iba a suponer la entrada de unos 800 millones de euros.
Aunque desde el Gobierno se defiende que el objetivo es garantizar el derecho a la vivienda, muchos expertos alertan del peligro de la desaparición de estas 40.000 viviendas del mercado libre. Los compradores particulares podrían quedarse sin opciones de razonables, moviéndose todavía más la demanda hacia el alquiler, algo que ya se encuentra tensionado. Además, la incorporación de estas viviendas al parque púbico no sería inmediata, pues se hará por fases.
Arranca una nueva etapa
Este movimiento supone un antes y un después en la intervención del Estado en el mercado inmobiliario nacional. El paso de la SAREB a SEPES refuerza el papel del Gobierno como gestor indirecto de vivienda social y asequible, algo que hasta ahora estaba, en gran medida, en manos de comunidades autónomas y entidades locales. Con más de 95.000 viviendas y suelos de bajo control público, el Estado aspira a crear un verdadero parque de vivienda asequible.