En España, la okupación se ha convertido en uno de los problemas más importantes y con una gran influencia en el mercado inmobiliario. El año pasado, 16.246 denuncias hubo en nuestro país, un 43% de las mismas en Cataluña. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, no existen cifras oficiales ni un marco jurídico, lo que hace que se den situaciones como la que le ocurrió a un ciudadano de Chicago, Marco Velázquez, que tuvo que pagar a los okupas que tenía en un su casa, con los que llegó incluso a compartir techo.
Tuvieron mucha cara
Marco Velázquez, residente del South Side Chicago, nunca pudo imaginarse que su intento de vender una propiedad iba a terminar en una batalla con dos okupas. Su historia arranca cuando agente inmobiliario descubre que la pareja formada por Shermaine Powell y Codarro Dorsey se había instalado en la vivienda y afirmaba ser la “dueña legítima” de la misma.
Cuando Velázquez llamó a la policía, chocó con un sistema que, a pesar de que el documento de compra estuviese falsificado, inexistente en los registros del Condado de Cook, le remitió a que fuese a los tribunales. Para Velázquez, “fue frustrante. Sabía que eran impostores, pero la ley no me daba herramientas rápidas”.
Objetivo, recuperar su propiedad okupada
Ante tal situación y viendo que ir a la justicia dilataría el proceso, en EEUU puede durar meses e incluso años, Velázquez y su esposa optaron por una estrategia insólita: se mudaron a su propiedad junto a los intrusos. La idea era “dejarles claro que no cederíamos”. La tensión fue en aumento con el paso de los días, cuando los okupas, lejos de dar un paso atrás, le exigieron el pago de 8.000 dólares, unos 7.000 euros, para abandonar la casa, alegando que había realizado reformas en la misma.
A pesar de que Velázquez y su esposa sabían que se trataba de una extorsión, evaluaron los costes. Entre abogados, pérdida de ingresos por la venta bloqueada y el desgaste emocional, la suma superaba con creces lo exigido por la pareja de okupas: “No era justo, pero era la opción más rápida”, comentó Velázquez. Después de duras negociaciones, el acuerdo se cerró en 4.300 dólares, 3.700 euros, a cambio de un contrato vinculante en el que los okupas renunciaban a cualquier derecho sobre la propiedad y entregaban las llaves. Y aceptaron.
Se abre un debate
El caso que llega de Estados Unidos, aunque resuelto, abre un debate sobre la vulnerabilidad de los propietarios ante allí como en España. En nuestro país, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha denunciado que la lentitud judicial y las lagunas legales, como la distinción entre usurpación y allanamiento, favorecen a los ocupantes de las casas. Mientras, en Estado Unidos, la falta de protocoles policiales exprés deja a muchos dueños en manos de chantajistas.
La ley, un paso por detrás
A pesar del acuerdo alcanzado por este ciudadano estadounidense, muchos abogados y asociaciones de propietarios critican que este tipo de actuaciones ya que refuerzan un mercado negro de okupación. En España, plataformas como la de Afectados por la Okupación reclaman desalojos en 72 horas y la retirada del “derecho a la inviolabilidad del domicilio” para casos de usurpación.
Más allá de la anécdota, esta historia de Velázquez, ilustra un problema que afecta de manera global y en el que la ley siempre va por detrás de la realidad. El caso de Estados Unidos debe servir, de acuerdo a los expertos, para para impulsar reformas que agilicen los desalojos sin caer en la criminalización de la pobreza. Mientras, en España el IEE propone eliminar los impuestos a aquellos propietarios que son víctimas de okupación y habilitar desalojos exprés.