Una conversación privada entre la persona responsable de Recursos Humanos de una empresa y un trabajador, Thomas Delaney, tuvo el recorrido que nadie esperaba. Como consecuencia de la llamada, que fue grabada sin el consentimiento del empleado, conllevó su posterior despido y poco después, tras la intervención de la justicia, con la indemnización de 10.000 euros a Delaney al considerarse que el despido fue improcedente.
De acuerdo con la decisión de la Comisión de Relaciones Laborales (WRC), Thomas Delaney, que trabajó durante más de ocho años en NSP Expert Lab Solutions, fue cesado sin las debidas garantías después de que la dirección recibiera una grabación suya en la que dejaba claras sus “frustraciones” durante una baja por estrés, según informaron medios locales irlandeses.
Poco después, el despido
El despido de Delaney de NSP Expert Lab Solutions se produjo tres meses después de la conversación telefónica. El trabajador, que percibía un salario de 56.000 euros al año, señaló ante el Tribunal Laboral que la llamada con la persona responsable de RRHH, que se dio en el mes de febrero, debía ser confidencial y que jamás autorizó que se grabara ni que se difundiera lo que habían hablado. Fue cuando el director ejecutivo de la compañía escuchó el audio, cuando le comunicaron su despido: “La grabación en febrero, pero no se envió al director general hasta mayo”, explicó Delaney, que se representó a sí mismo ante la WRC en la audiencia.
Según denunció Delaney, el proceso disciplinario de la empresa fue “defectuoso” ya que se basó en “supuestos” y careció por completo de “transparencia”. Recalcó que le dieron “ninguna oportunidad de responder a las acusaciones” y tampoco de acceder a la transcripción de la conversación en la que se fundamentó su despido disciplinario. Por todo ello, a su entender, la sanción impuesta resultó “desproporcionada”.
Parcialidad en el trato
Desde que se produjo la conversación grabada y hasta el momento de su despido, Delaney detectó que había “parcialidad” en el trato de la responsable de RRHH. Cuando el director ejecutivo escuchó el audio de la conversación privada, Delaney fue citado en las oficinas y se le leyó la carta de despido por falta grave. Tuvo que entregar el portátil, teléfono móvil, tarjeta de la empresa y las llaves del coche corporativo.
Desde NSP Expert Lab Solutions, a través de su equipo de abogados, defendía que el proceder de la compañía se ajustó en todo momento a la norma: “El manual de la compañía prevé la posibilidad cualquier fase del proceso disciplinario si la gravedad de la acción lo justifica”.
Así, la defensa sostuvo que la grabación constituía una “denuncia protegida” por parte de una trabajadora y que en dicha conversación Delaney incurrió en hechos considerados como “falta grave” y por tanto el despido inmediato estaba justificado. Para la empresa, la relación laboral era “irreparable” y la rescisión inevitable.
Conor Stokes, como miembro de la WRC, detectó la ausencia de testimonios por parte de la empresa y destacó que Delaney “no participó en la investigación ni en el procedimiento disciplinario”. Añadió también que el trabajador fue citado únicamente para escuchar la decisión, sin posibilidad de responder ni de presentar alegaciones, por lo que “fue privado de una resolución justa e imparcial de los hechos”.
A la hora de calcular la compensación que Delaney debía de recibir, el tribuna evaluó la pérdida de ingresos del trabajador, estimada en unos 1.085 euros al mes durante las catorce semanas transcurridas entre el despido y la audiencia. La WRC consideró justa “una indemnización de 10.000 euros en concepto de perdida de ingresos”.