Ha sido una de las noticias más impactantes de lo que llevamos de este 2024. Una noticia que lleva, tras de sí, un gran trasfondo: justicia legal y justicia social. Se trata de una sentencia del Tribunal Supremo que ha generado un cambio significativo en la administración tributaria española respecto a la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ciertos jubilados.
Este cambio afecta mayormente a aquellos que fueron parte de mutualidades laborales entre 1967 y 1978, quienes ahora tienen el derecho a reclamar la devolución de una parte del IRPF pagado durante esos años.
Reclamación de Hacienda a los jubilados
La base de este derecho, que hoy muchos jubilados ya han disfrutado, proviene de una sentencia dictada en febrero de 2023, que reconoció que las retenciones aplicadas sobre las cotizaciones a mutualidades durante el período mencionado no fueron ajustadas correctamente según la ley fiscal vigente en aquel entonces. De acuerdo con esta sentencia, los pensionistas tienen derecho a una reducción del 100% de lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966 y del 25% por lo cotizado desde el 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978.
La implementación de esta sentencia ha llevado a la Agencia Tributaria a establecer un procedimiento para que los jubilados afectados puedan solicitar la devolución de impuestos y, por fin, tener en sus cuentas lo que hace años debería haber estado.
Desde marzo de 2024, la Agencia habilitó un formulario específico en su Sede Electrónica para que los mutualistas jubilados soliciten las devoluciones del IRPF de los ejercicios 2019 a 2023, periodos que aún no han prescrito. Este proceso ha sido simplificado en gran medida, ya que no se requiere adjuntar documentación adicional con la solicitud inicial, gracias a que la Seguridad Social ha proporcionado previamente la información necesaria sobre las cotizaciones de los solicitantes.
Un paso más allá de la justicia
Esta medida también pone de manifiesto la capacidad de adaptación y corrección del sistema tributario frente a interpretaciones judiciales adversas. Según estimaciones, la devolución media podría rondar los 650 euros por año fiscal, aunque esta cantidad puede variar dependiendo del historial de cotizaciones de cada uno.
No obstante, el proceso no está exento de complicaciones (por suerte, no para todos). Aunque la Agencia Tributaria ha tratado de simplificar el procedimiento, existen casos donde la información disponible puede no ser suficiente para resolver la solicitud de manera automática. En estos casos, se podría requerir que los solicitantes proporcionen documentación adicional para verificar y adelantar este proceso.
Además, es importante que los jubilados o sus herederos actúen con rapidez. Por tanto, aquellos que crean tener derecho a estas devoluciones deberían iniciar sus trámites lo antes posible para evitar la pérdida de este beneficio. Un beneficio que, en algunos casos, puede ser sustancial.
Como ves, esta sentencia del Tribunal Supremo y las subsiguientes medidas adoptadas por la Agencia Tributaria representan un avance en la protección de los derechos fiscales de los jubilados españoles.
Sin embargo, la eficacia del proceso dependerá en gran medida de la agilidad administrativa para procesar las solicitudes y de la capacidad de los jubilados y sus familias para cumplir con los requisitos dentro de los plazos. Esta situación no solo beneficia a los individuos directamente implicados, sino que también refuerza la confianza en el sistema de justicia. Algo que, a todos los ciudadanos nos gusta ver.