Ya sea hecho oficial un cambio que muchos venían pidiendo, y es que la reforma que refuerza la atención a la dependencia y la discapacidad ha sido aprobada con un gran paquete normativo en el que se reconoce y apoya a quienes necesitan una ayuda para llevar una vida más digna. Esto implica la implantación de más prestaciones, nuevos derechos y menos papeleo, tal y como ha dicho el Gobierno al presentar este cambio que, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es el mayor avance social de toda la legislatura.
Esta reforma de la dependencia y la discapacidad no solo amplía coberturas, sino que también promete agilidad, es decir, que se eliminan trabas administrativas, se abren vías urgentes para situaciones vulnerables y, sobre todo, se hace compatible el cobro de ayudas con el empleo, lo que hasta ahora suponía una barrera para muchas personas que querían trabajar sin perder apoyos.
Más derechos en discapacidad y dependencia
Uno de los pilares de esta reforma es que la accesibilidad universal pasa a ser un derecho exigible, lo cual no es una recomendación ni un objetivo futuro, sino una obligación directa para todas las administraciones, algo que implica que deberán eliminarse barreras, tanto físicas como cognitivas, en calles, edificios públicos, viviendas o servicios. Además, se refuerza la teleasistencia, que será universal pero siempre complementaria, es decir, que no podrá sustituir otros apoyos presenciales.
Si nos fijamos en las novedades que se llevarán a cabo en lo relacionado con la dependencia, se incorporarán nuevos derechos, como por ejemplo en la asistencia personal, la cual ya no se dará solo en lo educativo o laboral, sino que se ampliará a otras tareas como el ir al médico, hacer la compra y otras actividades del día a día. Además, tendrán cabida en esta nueva normativa los productos de apoyo, como las camas articuladas o las sillas de ruedas, las cuales serán financiadas por las administraciones.
Otro punto a tener ne cuenta es que los centros de día no serán solo lugares de asistencia, sino que pasarán a ser espacios multiservicio; a los que hay que sumarle los cambios que ya se están introduciendo en lo relacionado con los cuidados familiares y para los que ya no será necesario un vínculo de consanguinidad para que alguien cercano preste su apoyo y reciba la prestación correspondiente.
Habrá mucha menos burocracia en la dependencia
Con esta reforma también se mejoran aspectos relacionados con la burocracia, como por ejemplo eliminando la incompatibilidad entre prestaciones, lo que significa que ya no será necesario renunciar a una ayuda para poder acceder a otra. También desaparece el llamado “periodo suspensivo” de dos años para ayudas familiares, una medida que en ciertas situaciones dejaba en una especie de limbo a miles de personas que solicitaban dichas prestaciones.
También se van a llevar a cabo cambios que afectan a las personas con discapacidad con los que se reconocerán las pasarelas automáticas que les permitirán conseguir el grado correspondiente gracias al reconocimiento de la dependencia, de tal forma que se evite dentro de todo lo posible el duplicar trámites. Además, se van a establecer una serie de vías de urgencia para poder revisar los Planes Individuales de Atención (PIA) en aquellos en los que se vea que hay una especial vulnerabilidad.
Obviamente, la coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales es muy importante, gracias a la cual se podrá compatibilizar la vida laboral con el hecho de cobrar una prestación, punto que beneficia no solo a las personas con una discapacidad, sino a quienes cuidan a aquellos en situación de dependencia.
Todo esto no llega solo, ya que la reforma va acompañada de una inversión de 783 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades autónomas, lo que cuadruplica lo destinado en 2014. Además, se ha aprobado una nueva Oferta de Empleo Público con más de 36.000 plazas, de las que 10 % estarán reservadas a personas con discapacidad.