La Seguridad Social tiene que solventar un grave problema: una deuda histórica con el Estado que en la actualidad asciende a 126.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 7,8% del PIB (Producto Interior Bruto). Desde el Ejecutivo socialista se atribuye este agujero a las préstamos que realizaron distintos gobiernos desde los años 90, por lo que no está generado por el actual. Mediante estos préstamos se permitió pagar la pensiones durante más de tres décadas, pero dejando una deuda que todavía no se ha saldado.
Así, el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas sitúa el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social en 98.525 millones de euros a cierre de 2023, en un contexto de insuficiencia de recursos propios para cubrir el gasto. A esta cifra se suman los 10.000 millones desembolsados este año y otros préstamos concedidos desde 1992, lo que eleva la deuda acumulada a 126.170 millones, según los cálculos del propio gobierno.
Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se defiende su modelo actual, que está basado en transferencia directas de capital procedentes de los impuestos para cubrir el descase de la Seguridad Social. Se argumenta que es el mecanismo más apropiado según Eurostat para entidades con patrimonio negativo. A pesar de ello, este cambio de modelo no ha evitado que la deuda pública siga creciendo con más del 80% del incremento de la deuda desde 2010 debido a estas transferencias, según señalan varios organismos, entre ellos el Tribunal de Cuentas.
Sin saber cómo se salvará la situación
Desde el Gobierno central aseguran que esta tendencia “de instrumentar la financiación del Estado a la Seguridad Social mediante préstamos pierde su razón de ser” y se reconoce que este sistema sólo garantiza la sostenibilidad presupuestaria a costa de inflar el endeudamiento. Así, durante los últimos 31 años, ninguno de los préstamos otorgados ha sido devuelto, por lo que los que no tienen plazo de vencimiento permanecen sin reintegran y los que sí lo tiene han sido prorrogados de forma sistemática.
Esta afirmación llega tras la pregunta del Grupo Popular en pleno debate por el informe del Tribunal de Cuentas, lo que pone en evidencia la falta de recursos propios de la Seguridad Social para afrontar sus compromisos. Así, el Ejecutivo, evita concretar cómo se llevará a cabo “el saneamiento definitivo” que anuncia pero sin detallar ningún plan para devolver los préstamos acumulados durante tres décadas.
Las pensiones, un modelo agotado
Además, la evolución de la conocida como “hucha de las pensiones” refleja el agotamiento del modelo, que con el fondo de reserva llegó a contar con 67.000 millones pero fue vaciado para afrontar las pagas extras y sólo se ha recuperado parte de su saldo gracias a las últimas subidas de las cotizaciones, superando los 10.000 millones en 2024. En estos momentos, el grueso de las pensiones se paga ya con recursos procedentes de los impuestos, lo que convierte el sistema en cada vez menos contributivo y más dependiente del prepuesto general.
El Pacto de Toledo
El debate sobre la transparencia de las cuentas ha ganado protagonismo en los últimos meses. A principios de este 2025 el Gobierno incluyó en un decreto que la AIReF, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, debía computar como ingresos del sistema de transferencias fiscales, una maniobra que fue criticada en la Unión Europea y que obligó al Ministerio de la Seguridad Social a modificar criterios y solicitar una nueva evaluación independiente.
Mientras, la ministra de Seguridad Social Elma Saiz, defiende el Pacto de Toledo como “uno de los grandes acuerdos políticos de la democracia española” y anuncia la puesta en marcha de INTegraSS, una herramienta para proyectar el gasto en pensiones a largo plazo. Desde organismos fiscalizadores advierten del creciente desfase estructural y la ausencia de un plan claro para sanear la Seguridad Social, aunque el Gobierno insiste en la sostenibilidad del sistema.