El verano se ve ya cerca y son muchos los jubilados que comienzan a contar los días que les quedan para recibir un ingreso que llevan mucho tiempo esperando, la paga extra de verano. Se trata de una cantidad adicional a la pensión mensual habitual, que representa un alivio financiero significativo para millones de personas que se encuentran dentro de este colectivo. Y para su conocimiento, si todavía no lo saben, la Seguridad Social ha conformado que el abono de este pago se realizará durante la segunda quincena de junio, entre el sábado 21 y el miércoles 25.
Esta paga la recibirán junto con la mensualidad ordinaria del mes de junio, por lo que recibirán ambas en un mismo ingreso. Es decir, si un jubilado tiene una pensión de 1.200 euros mensuales, en junio recibirán 2.400 euros.
¿Quién tiene derecho a cobrarla?
No estamos ante una paga que reciben todos los que son pensionistas, hay excepciones. Una de ellas, por ejemplo, es que atañe a quienes cobran una pensión por accidente laboral o por enfermedad profesional, que no reciben pagas extraordinarias. El motivo, en su caso, es que el importe anual recoge ya esas pagas, pero repartido de forma prorrateada entre los 12 meses del año.
Esto conlleva que su pensión mensual es un poco más alta, pero no reciben un ingreso adicional ni en el mes de junio ni en el de diciembre. Esta diferencia de sistema no supone un perjuicio económico real, ya que el total que se percibe es el mismo de una forma u otra. La diferencia es que se reparte de manea distinta, lo que puede parecer menos beneficioso en momentos puntuales, pero garantiza un ingreso mensual más equilibrado.
¿Cuál es el importe de la paga extra?
La cuantía de la paga extra de verano varía en función de la pensión habitual de cada persona. No existe una cifra fija para todos los beneficiarios, lo que se abona es el equivalente exacto a la mensualidad ordinaria. Según la Seguridad Social, “la paga extraordinaria es igual a una mensualidad normal, sin bonificaciones ni incrementos adicionales”. Aunque hay que tener en cuenta posibles retenciones si la pensión supera ciertos límites y está sujeta al IRPF.
En este 2025, las pensiones mínimas contributivas en España se determinan según dos factores: la edad del pensionista y la existencia de un cónyuge a cargo. Con esta diferencia se busca adaptar el importe de la pensión a las necesidades económicas reales de cada persona.
En el caso de los mayores de 65 años con un cónyuge a cargo, la pensión mínima anual se sitúa en 15.786,40 euros. Esta es la cuantía más elevada, ya que contempla el apoyo económico a otra persona dependiente. En cuanto a los pensionistas de 65 años o más sin cónyuge a cargo, el importe baja a los 12.241,60 euros. La cantidad se reduce al mínimo garantizado por el Estado al no haber cargas familiares directas.
Por lo que respecta a los pensionistas menores de 65 años, los importes que estos reciben oscila entre los 10.824,80 euros y los 15.786,40 euros anuales, según su situación familiar. Así, el sistema ajusta las cuantías en función de la edad y las responsabilidades del beneficiario.
Un reto financiero
El abono de esta paga extra es un importante reto financiero para el sistema público. Con cerca de 10 millones de pensiones contributivas activas, la Seguridad Social debe hacer frente a un desembolso de miles de millones de euros en apenas unos días. Se trata de un esfuerzo económico que permite mantener el poder adquisitivo de las personas mayores y contribuir a su bienestar.