Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, bajo la tutela de Elma Saiz, se ha trasladado una propuesta a patronal y sindicatos sobre la incorporación de aquellos trabajadores que acumulen más de 90 días de baja. En la misma se establece que puedan hacerlo de manera progresiva siempre que lo deseen y además si ello repercute de forma positiva en su recuperación de acuerdo a una recomendación médica. Se trata e la primera propuesta, la cual deberá concretar también la gradualidad del retorno y a qué patologías se aplica y cuáles no.
En palabras de Saiz, “una vez que se tenga el alta médica, bajo criterio sanitario, se acredite que esa reincorporación progresiva al trabajo pueda ser beneficiosa para la salud del trabajador. En ningún caso una persona puede trabajar estando de baja. Por eso apelo a ser absolutamente rigurosos y exquisitos con el lenguaje. Con la salud de los trabajadores no se juega, es el corazón de una medida que busca ampliar derechos y ampliar protección”.
Las bajas laborales, un asunto delicado para la Seguridad Social
La reunión en la que se trasladó la propuesta contó con la presencia de la ministra, secretarios generales de CCOO y UGT y el presidente de la CEOE, lo que transmite la importancia que todas las partes otorgan a este asunto tan polémico y espinoso como es el de la bajas laborales.
Desde CCOO, Unai Sordo comentó que “no vamos a hablar de altas progresivas en ningún caso” pero que se puede “evaluar de una forma estrictamente técnica” si la persona “una vez que tiene dada el alta tiene algún tipo de fórmula de vuelta paulatina al trabajo”.
Dejó claro que desde CCCOO “no se va a negociar ningún esquema que sirva para acelerar sin justificación los procesos recuperación de personas que están de baja”. Pepe Álvarez, su homólogo de UGT, insistió en el carácter voluntario de la medida y que “todo lo que tenga que ver con las altas parciales se haga a partir de criterios científicos”. Pidió que “antes de abordarlo políticamente, tenga una base científica y venga avalado por informes de los expertos en la materia”.
Sigue subiendo el gasto público
El gasto asumido por el Estado en cuanto a prestaciones por incapacidad temporal se ha triplicado en los últimos cinco años, hasta los 14.000 millones de euros anuales. Si bien desde el Gobierno se ha negado que la reforma de la normativa obedezca a criterio económicos, entre las organizaciones empresariales son reiteradas las quejas en lo relativo al porcentaje creciente de trabajadores que se ausentan de su puesto de trabajo por motivos médicos.
Esto se explica, entre otros motivos, por un progresivo envejecimiento del mercado laboral. A más edad, mayor riesgo de enfermar o de arrastrar enfermedades previas. También por la demora en los tratamientos como consecuencia de las listas de espera de la sanidad pública. En este aspecto, desde el Gobierno ya se pactó con los agentes sociales el permitir que las dolencias de origen traumatológico ocasionadas en el tiempo libre del trabajador pudieran ser tratadas vía mutua, si este lo aceptaba.
El objetivo del Ejecutivo es abordar el tema y maximizar precauciones. Ya en octubre de 2024 la ministró hizo pública la creación de una figura intermedia que permitiera a un trabajador que se encuentra con la incapacidad temporal reincorporarse de manera progresiva a su puesto de trabajo tras la misma sin consultar previamente con los agentes sociales, lo que originó su reacción airada. Ahora desde el Gobierno se ha comenzado a dar forma a esa idea, aunque nada sólo se ha revelado nada más que los 90 días de baja.