Una trabajadora ha logrado jubilarse a los 57 años con una pensión completa después de, prácticamente, ganarle un pulso a la Seguridad Social, algo que ya ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el cual le ha dado la razón a esta diseñadora gráfica, que llevaba tiempo lidiando con las secuelas del covid persistente y una sordera bilateral. El fallo reconoce su derecho a cobrar una pensión de incapacidad permanente absoluta, por lo que recibirá cada mes 1.889,92 euros, el 100 % de su base reguladora.
Lo que parecía una batalla perdida acabó siendo una sentencia ejemplar, ya que a pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había rechazado su solicitud, los jueces han considerado que las limitaciones de salud que sufre esta mujer le impiden desempeñar cualquier profesión de forma regular. El resultado es, ni más ni menos, que podrá acceder a la pensión sin recortes y, además, con efecto retroactivo desde la fecha en la que lo solicitó por primera vez.
Cuando la pensión no es un privilegio, sino un derecho
Esta mujer acumulaba más de 36 años de cotización y, tras contagiarse de covid, su estado de salud se deterioró rápidamente debido a cefaleas tensionales diarias, problemas de memoria y déficit de concentración, problemas que se sumaron a una sordera bilateral que arrastraba desde niña. Todo ello configuraba un cuadro clínico que le impedía continuar con su actividad como diseñadora, una profesión que exige atención al detalle, trabajo visual intenso y muchas horas frente a la pantalla.
A los 57 años decidió solicitar la pensión de incapacidad permanente absoluta, convencida de que no estaba en condiciones de seguir trabajando, pero el INSS no lo vio así. Alegaron que aún podría desempeñar otras tareas “menos exigentes” y que no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación en esa modalidad anticipada, negativa que posteriormente la empujó a acudir a los tribunales, respaldada por informes médicos que documentaban su situación al detalle.
Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas muy concluyentes, tales como informes neurológicos, diagnósticos de cefalea crónica resistente al tratamiento, trastornos adaptativos por estrés y fatiga mental. Además, se subrayó que la pérdida auditiva le obligaba a depender exclusivamente de la vista para su trabajo, lo que empeoraba aún más sus síntomas. Todo esto llevó al tribunal a determinar que no podía rendir en ningún empleo de forma normal, ni siquiera en tareas ajenas a su sector.
Un precedente para quienes luchan por su pensión por incapacidad
Como ya adelantamos al principio de este artículo, la sentencia le ha permitido a esta trabajadora el poder acceder a una pensión competa a pesar de jubilarse de forma anticipada, algo que podría marcar un punto y aparte en la forma en la que se tratan este tipo de casos. Y es que el tribunal tuvo que recordar con este fallo que la incapacidad no debe valorarse solo teniendo en cuenta la profesión habitual que se desempeña, sino que hay que analizar cualquier trabajo, lo cual hace que, si las dolencias son crónicas, combinadas y afectan a la actividad en general, se debe poder acceder a la pensión de incapacidad permanente absoluta.
Todo esto es una muy buena noticia no solo para esta trabajadora, ya que con este tipo de casos se sienta un precedente que permitirá juzgar otros casos de manera similar, lo que seguro que anima a otras personas que padecen aún las secuelas de haber contraído covid en su momento a reclamar aquello que les corresponde a través de los tribunales, pudiendo obtener sentencias favorables que les dan la razón y reconocen su derecho a cobrar una pensión completa.