La Ley de Movilidad Sostenible, que probablemente empiece a ejecutarse durante el mes de noviembre, va a suponer un importante impulso para incentivar los movilidad eléctrica y más ecológica. Pero, a su vez, para poder conseguir este objetivo, se perjudicará de forma directa el uso de los coches diésel y gasolina, sobre todo aquellos que tienen más de 10 años. Sobre los mismos recaerán nuevas regulaciones, como impuestos mediante una tasa para que dependerá de cada ciudad. Por tanto, además de desincentivar el uso de estos coches, también puede verse como una herramienta de recaudación municipal.
Después del acuerdo alcanzado sobre el nuevo texto de la Ley de Movilidad Sostenible, que se produjo el pasado 8 de octubre en el Congreso, hay varias medidas que se han llevado buena parte del protagonismo:
- El compromiso alcanzado para estudiar, en un plazo de 12 meses, un profundo cambio en las etiquetas medioambientales de la DGT.
- La aprobación de un nuevo Plan Renove para incentivar la compra de coches ecológicos y la obligatoriedad de mejorar y multiplicar los puntos de carga para vehículos eléctricos.
Posibilidad de nuevas tasas sobre estos vehículos
Además de las dos anteriores, otra medida de gran importancia, es la aplicación de nuevos impuestos o tasas a los coches más contaminantes en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). De acuerdo con algunas informaciones publicadas, los nuevos recargos podrían alcanzar incluso a los vehículos con etiquetas B y C que tengan restricciones de acceso a estas áreas. El objetivo será seguir penalizando el uso de estos vehículos para, en otro sentido, promocionar el de los vehículos con etiquetas C y Cero Emisiones.
Así, desde el Gobierno se dará la posibilidad a los ayuntamientos de crear estas tasas o recargos adicionales de circulación en función de las emisiones de cada coche o de la etiqueta medioambiental que tengan.
Con esta tasa, que no será obligatoria, ni automática ni tampoco general, cada localidad decidirá si la aplica o no y en qué condiciones, al modificar “la regulación de las Haciendas Locales para habilitar tasas municipales a los vehículos que superen los límites o categorías máximas que se definan en cada ciudad”.
Estamos, por tanto, ante una nueva herramienta fiscal de gestión de accesos y circulación en las ZBE, así como durante posibles episodios activos de alta contaminación. La normativa, además, podría aplicarse de manera general en estas áreas de cada municipio e incluso únicamente en ciertas franjas horarias, como ya sucede con las restricciones de acceso. En estos casos, cada ayuntamiento ha establecido las que ha considerado oportunas: unos no han permitido sólo la circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental, pero otros han extendido las limitaciones de movilidad a los coches con etiquetas B y/o C de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Una nueva fórmula de recaudación para los ayuntamientos
Una vez se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, cada ayuntamiento podrá hacer uso de esta nueva norma o no. Eso sí, siempre tendrá que estar recogida en sus ordenanzas municipales y fiscales por las que se regulan todas las condiciones de cada una de las ZBE. Es decir, es posible que muchos no pongan en marcha este tipo de prácticas, pero existirá la posibilidad de hacerlo.
Estas tasas fiscales será totalmente compatibles con el resto de medidas activadas ya en las ZBE, sin excluir otras regulaciones. Por lo tanto, se puede ver no sólo como una manera de desincentivar el uso de los vehículos que más contaminen, también como una herramienta de recaudación municipal, como ocurre en Madrid y denuncian diferentes asociaciones de automovilistas.